Advertencias de Petro pone en riesgo la vida de magistrados

La máxima autoridad electoral del país, el Consejo Nacional Electoral, rechazó de forma contundente la declaración que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, quien consideró que la democracia en Colombia está en riesgo luego de haber conocido que el CNE pedirá abrir pliego de cargos a su campaña electoral por la violación de los topes electorales.

En un concreto comunicado, el CNE, señaló que “el Consejo Nacional Electoral rechaza de manera categórica las declaraciones recientes del Presidente de la República Gustavo Petro, a propósito de la investigación administrativa que adelanta este cuerpo colegiado”.

Precisan los magistrado que “las actuaciones a cargo de esta autoridad electoral se desarrollan en virtud de las competencias otorgadas por la Constitución Política y las Leyes 130 de 1994, 996 de 2005, 1475 de 2011, así como la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado”.

Para el CNE “las graves declaraciones contra los miembros de esta Corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones”.

Y cierran su declaración sosteniendo que “se afecta la democracia cuando quien está llamado a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas”.

Ayer miércoles fue radica por parte de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, una ponencia en donde expresan que la campaña de Gustavo Petro en el 2022 habría violado los topes en más de 5 mil millones de pesos.

LA SALA PLENA DECIDE

Ahora será la sala plena la que decida si asume la solicitud. Sin embargo, no estarían los votos suficientes para aceptar o rechazar dicha petición. Así lo ha demostrado la otra actuación que el tribunal lleva contra Petro, en este caso por supuestamente haber hecho actos de campaña y emitido pauta publicitaria meses antes del periodo estipulado por la ley para estas acciones.

El pleno del CNE lleva estudiando desde hace varias semanas la ponencia que busca también imputar al primer mandatario por dichas acciones, pero no ha podido tomar una decisión en firme debido a que no ha alcanzado la mayoría de votos exigida por el manual del tribunal, seis votos.

Actualmente, tras la suspensión del Altus Baquero, en el consejo electoral hay apenas 8 magistrados. Tres de estos son de una línea cercana al gobierno Petro -dos del Pacto Histórico (Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez) y uno de la Alianza Verde (Cristian Ricardo Quiroz- y cinco con un carácter un tanto distante al Ejecutivo.

En ese listado de lejanos al Presidente están Alfonso Campo (Partido Conservador), César Lorduy (Cambio Radical) Maritza Martínez (Partido de la U), Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático). Precisamente los dos últimos mencionados son los que presentaron la ponencia de imputación.

Si se miran los antecedentes, la mayoría de votaciones en temas posiblemente contrarios al Gobierno han terminado 5-3, lo que implica que falta un voto para completarse la mayoría exigida por el CNE. Esto abre el paso a que se tengan que nombrar conjueces para tomar la decisión.

LOS CONJUECES

El listado de conjueces actualmente tiene a 18 posibles candidatos. Cada partido con presencia en el tribunal presentó a dos, salvo liberales y Pacto Histórico que tienen a cuatro nominados. Entre los nombres que figuran como candidatos a conjueces está la expresidenta del Consejo de Estado Lucy Jeannette Bermúdez, el expresidente de la Corte Constitucional Alberto Rojas, el exconsejero Alberto Yepes Barreiro.

También en dicho listado figuran el exfiscal Majer Nayi Abushihab, el exconsejero Jesús María Carrillo, y otros nombres reconocidos entre los que están abogados que anteriormente han llevado casos de índole electoral o que incluso han aparecido en tarjetones por los partidos que los presentaron como posibles conjueces.

Son los conjueces los que definirán si el presidente Petro y Ricardo Roa son imputados. Esto implicaría que de llegarse a asumir la ponencia presentada por los magistrados Prada y Ortiz, el caso avanzaría a una investigación formal, todavía a cargo de los dos ponentes.

El proceso a surtir posterior a la imputación es la notificación, que le daría un término de 15 días a los imputados para contestar a los cargos, ejercer la defensa, pedir y aportar pruebas. Después se da el término probatorio y luego se abre la etapa para los alegatos finales, otra en la que se puede ejercer la defensa ante las pruebas que se recolecten. Después de surtirse estas etapas se haría un pronunciamiento de fondo.

RECURSOS PENDIENTES

Sin embargo, también tendrían que tenerse en cuenta los recursos que puedan presentar los abogados del presidente Petro. Ya hace unos días hubo una primera petición por parte de estos para que la Comisión de Acusación asuma las investigaciones que lleva a cabo el CNE.

Detrás de este tema hay un debate jurídico sobre la competencia o no para que el CNE lleve el caso contra el primer mandatario. Por un lado, están los que defienden que el tribunal electoral tiene por orden constitucional vigilar a los candidatos y eso incluye al que llega a ser Presidente.

Otro sector considera que la carta magna es clara en que la única instancia que puede llevar a cabo pesquisas de orden judicial o administrativo contra el que ostenta el liderazgo del poder Ejecutivo es la Comisión de Acusaciones de la Cámara. En este segundo grupo están Gustavo Petro y su defensa.