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EDITORIAL

La salud: tocó fondo sin solución a la vista

Con falencias y debilidades que nadie desconoce, resulta innegable que el sistema de atención y aseguramiento en salud venía funcionando de forma aceptable para la mayoría de los colombianos. No en vano figuraba de forma recurrente en el top de varios ranquin internacionales. Sin embargo, desde que el gobierno actual puso sobre la mesa su accidentada, radical y anacrónica propuesta de reforma al modelo y de manera paralela empezó a tomar medidas administrativas que impactaron niveles y actores claves del esquema, es evidente que se está registrando un deterioro progresivo que no se ha podido reversar pese, incluso, a que la polémica iniciativa legislativa se terminó hundiendo en el Congreso a comienzos de abril.

De hecho, no pocos sectores políticos, económicos, gremiales, sociales e institucionales advierten que, al final de cuentas y más allá del fracaso de la reforma y la demora en la presentación del nuevo proyecto, la denuncia en torno a una presunta estrategia gubernamental para propiciar una crisis en el sistema sí terminó concretándose.

Hoy el panorama es muy complicado. Ocho EPS continúan intervenidas, en tanto que dos de las más grandes ya pidieron a la Superintendencia del ramo permiso para una salida del servicio. A ello se suma que las clínicas, hospitales y demás instituciones de la red prestacional advierten que se les adeudan más de 17 billones de pesos, lo que tiene a muchas de estas entidades, tanto públicas como privadas, en riesgo de restricción o paralización de actividades.

Pero no son los únicos flancos que tienen prendidas las alertas. Las asociaciones de pacientes han denunciado que los servicios de citas médicas, autorización de tratamientos y suministro de medicamentos están desmejorando en muchas entidades sanitarias, cuyo futuro a corto plazo está en el limbo. De hecho, un informe de la Superintendencia sectorial dado a conocer en los últimos días advirtió un incremento del 15,5% durante mayo en materia de peticiones, quejas, reclamos y denuncias por deficiencias de las EPS y la red prestacional. Hubo más de 146.000 expresiones de inconformismo por asuntos relacionados, mayoritariamente, con barreras en el acceso a tecnologías y servicios.

A la par de lo anterior no solo persiste la escasez de algunos medicamentos, sino que la red de proveeduría farmacéutica, así como el entramado empresarial que suministra otros productos, bienes y servicios tanto a las EPS como a las clínicas y hospitales está tomando las precauciones financieras y contractuales −apenas naturales− frente a un sistema en el que la viabilidad está en peligro, ya sea por el agravamiento de la crisis actual o por las reformas radicales al sistema que el Gobierno insiste en impulsar en el segundo proyecto que piensa llevar al Congreso en el arranque de la tercera legislatura.

Toda esta realidad se terminó confirmando también en los resultados de una encuesta reciente, según la cual el 72% de los consultados consideró que el servicio de salud está desmejorando.

Y como si todo lo anterior fuera poco, se han dado a conocer en las últimas semanas nuevos estudios e informes que señalan que el riesgo de un apagón financiero a corto plazo del sistema es cada día más alto, no solo por el desfase en el valor de la Unidad de Pago por Capitación, sino por el retraso en el giro de los llamados “presupuestos máximos” que cubren aquellos gastos en que incurren las EPS por servicios no contemplados en el plan básico de salud. También se denuncia que el Gobierno no estaría cumpliendo a cabalidad con los fallos de la Corte Constitucional en torno a ponerse al día en estos dos aspectos y en los saldos pendientes del acuerdo de Punto Final activado en la administración anterior.

Paradójicamente, el Gobierno tiene otra visión de este crítico escenario o pareciera no dimensionar la gravedad de las alertas que todos los actores están señalando sobre una afectación del servicio a corto plazo. Un mutismo preocupante frente a las implicaciones de una paralización de una parte del sistema.

Prueba de ello es que esta semana, en un evento sectorial, el presidente de la República solo se enfocó en la necesidad de la reforma a la ley 100 o en destacar lo desembolsado en los últimos meses en virtud del decreto que estableció el giro directo del fondo-cuenta de la Adres a las clínicas y hospitales, así como la inversión en la red pública hospitalaria. Pero de las advertencias de apagón financiero en pocos meses, las denuncias de los pacientes, el aumento de las quejas ciudadanas sobre las EPS y las otras anomalías ya referenciadas, poco o nada dijo.

Pareciera, entonces, que al Ejecutivo solo le importara lo que pase con una reforma que apenas si empezará en algunas semanas su difícil trámite parlamentario y no el alto riesgo de que, en el aquí y ahora, el sistema de salud entre en crisis insalvable poniendo en peligro la vida de millones de colombianos. Algo fuera de toda lógica y responsabilidad institucional.

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