¡De vuelta a la tierra prometida!

La cruda guerra que enfrentó el departamento del Magdalena dejó a siete familias campesinas lejos de sus parcelas, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) los despojaron de sus predios. Para los beneficiados estas 160 hectáreas representan la esperanza, volver a vivir y la honra para los que perdieron su vida defendiendo este territorio. 

Dejar la tierra que por años sus antepasados cultivaron y cuidaron fue para siete familias de la vereda La Trinidad, ubicada en el municipio de Sitionuevo, Magdalena, una manera de asesinarlas estando en vida. Los grupos paramilitares, que hasta principios de los años 2000 operaron en la región, se adueñaron de varias parcelas. Era un total de 160 hectáreas, por eso bajo amenazas y hostigamientos los obligaron a salir. En otros casos, los asesinatos selectivos de varios miembros de la comunidad propiciaron el abandono del territorio y luego su venta por debajo del valor comercial.

Estos homicidios violentos fueron perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que buscaban el control territorial de la zona para emprender, desarrollar y expandir sus actividades ilícitas. Este éxodo los obligó a buscar refugio en poblaciones de departamentos vecinos. Para ese momento era nulo pensar que esos prósperos predios podrían regresar a sus manos.

Pasaron los años, la calma retornó a la región y con esta se revivió el anhelo de volver a pisar a lo que han llamado ‘La tierra prometida’, por lo que decidieron accionar el aparato judicial. En julio de 2018 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena escuchó a los despojados y para fortuna de todos, ordenó que les fueran entregadas las propiedades de las que se desplazaron.

Sin embargo, un concepto dado por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), frenaba la ilusión, pues, la entidad indicó que las hectáreas solicitadas no podían ser restituidas materialmente a las víctimas, porque presentaban alto riesgo de inundaciones, debido a los caudales atípicos del caño interno ‘El Burro’, lo que impediría el inicio de proyectos productivos y la construcción de viviendas rurales. De esta manera se abría la única posibilidad de una compensación económica.

“Nosotros nos opusimos a la argumentación del Tribunal con la cual nos negaban el derecho a la restitución, nos mantuvimos en la inconformidad al demostrar que el área por la cual estábamos reclamando,  no era inundable”, dijo una de las reclamantes.

No obstante, para los afectados por el abandono forzado de tierras en Sitionuevo, el fallo desconocía lo que establece la Ley 1448 de 2011, por tanto, para seguir con la pelea jurídica se agarraron a uno de los principios de la norma: “restituir el estado de cosas en las mismas condiciones que estaban en el momento en que ocurrieron los hechos”.

“Luego de la decisión de restitución proferida por el Tribunal Superior del distrito judicial de Cartagena, los solicitantes del caso de La Trinidad pidieron modificación de la sentencia, solicitando que le fueran devueltos materialmente los predios abandonados. Tras la petición, la Unidad de Restitución de Tierras adelantó ante el estrado judicial un proceso de modulación de las órdenes dadas, las cuales fueron modificadas indicando la entrega por parte de la Unidad y con ella la implementación de un proyecto productivo sostenible para los beneficiarios y sus familias, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida”, explicó Marly Molina, directora de la Unidad de Restitución de Tierras para los departamentos del Magdalena y Atlántico.

UN SUEÑO CUMPLIDO 

 “Estamos agradecidos con la Unidad y con el Tribunal por escucharnos. Hoy estos predios son nuevamente de nosotros. No hay palabras para expresar la felicidad que sentimos. No perdimos la fe, pero a veces la esperanza se veía lejos. Hoy ya es una realidad regresar”, dijo Eduardo Rodríguez, beneficiario de restitución de la vereda La Trinidad.

El magistrado del caso también ordenó a la alcaldía municipal de Sitionuevo y a la Gobernación del Magdalena, que dentro de sus competencias adopten las medidas necesarias a fin de que los beneficiarios puedan desarrollar sus actividades agrícolas en el predio restituido, teniendo en cuenta las especiales condiciones que afronta cada parcela.

“Teniendo presente que la restitución de estos predios tuvo opositores en el proceso, la sentencia ordenó que, en caso de ser necesario, los desalojos se deben realizar de manera compatible con los instrumentos y normas internacionales de derechos humanos, proporcionando a los ocupantes secundarios las debidas garantías procesales”, concluyó la explicación de Molina Álvarez.