El proyecto que sigue sin darle agua al Chocó

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Todos los días, Fernando Mosquera, habitante de Istmina, espera que llueva porque el cielo es la única fuente de agua con la que se puede abastecer su hogar. En su casa, como en la de sus vecinos, funciona un improvisado sistema: “Tenemos un subterráneo que se inunda cuando llueve y, con bombas, se transporta el agua hasta tanques en los techos”.

Fernando, que ha vivido en Istmina toda su vida, dice que el agua no es potable y su consumo puede causar enfermedades, pero advierte que “algunos vecinos ponen pastillas de cloro en los tanques para hacerle una especie de limpieza. Los que no lo hacen, hierven el agua todos los días”.

Así, entre inundaciones por lluvias y escasa infraestructura, parece que los chocoanos estuvieran condenados a vivir sin agua, o con ella al cuello. Según el diagnóstico más reciente de servicios de acueducto y alcantarillado, realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 2016, de los 31 municipios, seis no tenían servicio de alcantarillado y 25 no contaban con sistemas de tratamiento de agua residual.

En medio de esa realidad, una esperanza surgió para los chocoanos: con recursos propios y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), el Gobierno emprendió, en 2011, el proyecto Todos por el Pacífico, para construir sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios de Acandí, Atrato, Bahía Solano, Cantón de San Pablo, Istmina, Medio San Juan, Medio Baudó, Nóvita, Nuquí, Río Quito, San José del Palmar, Tadó y Unión Panamericana; y beneficiar a unas 152.000 personas.

El Gobierno de España, mediante la Agencia de Cooperación, otorgaría el 70 % de los recursos, mientras que Colombia asumiría el 30 % restante. El valor inicial se estimó en $103.000 millones.

En 2010, luego de que el Ministerio de Vivienda abriera convocatoria, la Empresa de Acueducto de Bogotá, EPM y Aguas y Aguas de Pereira, manifestaron su interés en gerenciar el proyecto. En diciembre de ese año, mediante el convenio interadministrativo 186, el Ministerio designó a la empresa pereirana.

Para la realización de diseños y obras, así como por conceptos de interventoría, asesoría y fortalecimiento institucional de las empresas operadoras de servicios públicos en el Chocó, fueron necesarios otros 17 contratos.

Todo parecía ir viento en popa. Es más, a febrero de 2017, el Ministerio de Vivienda reportó un 100% de ejecución de las obras de acueducto en Nuquí, Tadó y Atrato, y de alcantarillado en Tadó y Bahía Solano.

Pero, faltando 5 meses para la fecha de finalización -que estaba estipulada para el 28 de julio de 2017-, los sistemas de acueducto y alcantarillado en Acandí, Medio Baudó, Nóvita, Río Quito e Istmina, presentaban ejecuciones cercanas al 10 %. Igualmente, se determinó que los municipios de San José del Palmar, Unión Panamericana, Cantón de San Pablo y Medio San Juan, no cumplieron los requisitos.

Llegado el plazo, los gobiernos de España y Colombia tuvieron que dar la primera de tres prórrogas que hasta ahora han tenido el proyecto.

Los errores

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), autoridad pública encargada de vigilar el correcto ejercicio de la ingeniería en el país y la aplicación del código de ética, abrió una investigación disciplinaria preliminar el 30 de agosto de 2017, tras encontrar una serie de presuntas inconsistencias entre los diseños del proyecto y lo encontrado en terreno en los municipios de Acandí, Atrato, Medio Baudó e Istmina, lo que no solo habría implicado reformulaciones y retrasos, sino mayores costos.

En el documento de la investigación al que tuvo acceso EL COLOMBIANO, el Copnia indaga a Aguas y Aguas, así como a las empresas subcontratistas, por “una diferencia representativa entre la población proyectada en los diseños de obra y los habitantes reales del municipio de Acandí”.

Un error de tal dimensión habría ocasionado no solo que tuviera que aumentarse la capacidad del alcantarillado de 17,12 litros por segundo a 39,4, sino que hiciera inviable la construcción de una moderna planta de tratamiento con tecnología de filtración en múltiples etapas (Fime), tal como estaba proyectada.

En el documento, el Copnia también indaga por el diseño del alcantarillado en el municipio de Atrato, pues “el colector final que conduce la planta de tratamiento, fue trazado de manera paralela a la quebrada Doña Josefa”, una zona erosionada por la minería ilegal, que permanece inundada.

Adicionalmente, parte del alcantarillado conduciría aguas sin tratar a cielo abierto para verterla al río Atrato, lo que habría ocasionado inconformidad entre los pobladores, quienes advertían que se podría generar malos olores.

Finalmente, el Copnia pide a la entidad ejecutora que justifique las reformulaciones a los diseños que también surgieron para los municipios de Medio Baudó e Istmina.

Consultado sobre el estado de la investigación, el Copnia indicó que esta “se encuentra en curso, en la etapa preliminar”. Luego, “se procederá a determinar ya sea el archivo de la investigación o formulación de cargos”.

Por tal motivo y aludiendo a la reserva procesal, el Copnia evitó ofrecer más detalles e igualmente, la empresa Aguas y Aguas se limitó a señalar que fue una investigación “que el Ministerio de Vivienda solicitó al Copnia, por el riesgo que implica el ejercicio de las profesiones que participan en el diseño de estos proyectos”.

Sin embargo, aunque la investigación continúa en curso, el Ministerio afirmó por su parte que “ya fueron superadas las situaciones que se presentaron” y que las ejecuciones se acercan al 99% en Atrato y Acandí, y al 53 % en Medio Baudó e Istmina.

Los dineros

Al ser preguntada si los retrasos en la ejecución del proyecto habían generado sobrecostos, Aguas y Aguas de Pereira admitió que “hay casos en que ha sido necesaria la asignación de nuevos recursos debido a la reformulación de los proyectos”, pero no especificó montos.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda negó que en el proyecto se haya incurrido en sobrecostos, pero admitió que “se han presentado reformulaciones en los proyectos que han implicado ajustes financieros” y evitó dar una cifra.

Pero en la documentación de la obra consta, por ejemplo, que el acta de inicio del convenio que firmó Aguas y Aguas de Pereira tuvo en 2010 un valor de $8.631 millones y a 2018 -último dato disponible-, las adiciones presupuestales a ese contrato de administración eran cercanas a los $200 millones, esto sin tener en cuenta los sobrecostos que generarían la nueva prórroga hasta 2021.

Precisamente, en febrero de este año, luego de que nuevamente se incumpliera la fecha para la culminación del proyecto, el Gobierno de España otorgó esa prórroga.

En ese momento, Efraín Díaz, gerente (e) de Aguas y Aguas, afirmó a medios locales que las condiciones del contrato tendr1ían que ser renegociadas con el Gobierno, o- de lo contrario, daría por terminado el vínculo contractual. Sobre esta situación, la entidad afirmó a EL COLOMBIANO que se debe a que “una vez más se amplía el plazo de la subvención y es claro que, a mayor plazo, mayores costos”. Por su parte, el Minvivienda indicó que está analizando “las actividades que se requieren para culminar el programa, con base en información entregada por Aguas y Aguas”.

Sobre las razones que ocasionaron los retrasos, Aguas y Aguas señaló que por las difíciles condiciones geográficas, políticas, ambientales y climáticas del Chocó, “la mayoría de aseguradoras y bancos tienen como política no amparar riesgos contractuales en ese Departamento. A raíz de esto, los contratistas han tenido dificultades para conseguir los amparos exigidos”, versión apoyada por el Ministerio.

Además, ambas entidades señalaron como causa de las dificultades la situación de orden público en la región, así como el rol que han jugado los municipios en el proyecto.

Aguas y Aguas recalcó “la falta de voluntad de algunas de las administraciones municipales”, puesto que “se ha presentado dificultad para la operación de la infraestructura entregada, por la resistencia de los operadores a poner en marcha las acciones del fortalecimiento que se han brindado”, e indicó que hay problemas para la obtención de permisos ambientales y la adquisición de predios, compromisos de los municipios que en ocasiones no se cumplen”.

¿Qué dicen los municipios?

Mientras que el Ministerio y la entidad ejecutora responsabilizan parcialmente a las administraciones municipales por los problemas de Todos por el Pacífico, el alcalde de Istmina, Arbey Pino, indicó que en su caso se construye en el municipio un tanque de almacenamiento para el acueducto y que “retrasos por temas de predios y certificados no se han presentado, nosotros tenemos ese compromiso con el pueblo”.

“Yo culpo a las firmas contratistas de las demoras, porque Cooperación Española ha cumplido con los recursos y es el Gobierno el que tiene que apretar para que ese proyecto se lleve a feliz término”, señaló el mandatario y alertó que “los españoles nos han dicho que si ese acueducto no se culmina, van a solicitar la devolución de sus recursos y a sancionar al país por más de 10 años. Se lo informé al señor presidente de la República”.

Sobre el avance de las obras en Istmina, que alcanzan un 52,96 % en su ejecución, Pino explicó que “el proyecto estaba paralizado desde el año pasado, pero hace unos 10 ó 15 días, Aguas y Aguas retomó la construcción de la primera etapa, que es el tanque de almacenamiento de agua. Para las etapas 2 y 3, que es el tema de redes, tenemos que trabajarlo con Findeter y no vemos avance”.

Otra alcaldesa que no está conforme con el proyecto es Harley Liliana Ortiz, de Bahía Solano, municipio donde el Ministerio de Vivienda reportó que las obras de construcción del acueducto estaban finalizadas y ya la población tenía acceso al agua.

La mandataria calificó el proyecto como “nefasto y desastroso” y aseguró que “es muy lamentable lo que pasó con esos proyectos que fueron ejecutados con dineros de cooperación, tengo muchos problemas con la comunidad por esa situación”, pero aduciendo razones de orden público que le generan temor, se negó a ofrecer más detalles.

Una opinión contraria sostiene Everto López, alcalde de Nuquí, donde también finalizó la ejecución del acueducto. El mandatario calificó el proyecto como positivo y dijo que la población del casco urbano se beneficia del servicio “que es fluido casi las 24 horas”.

No obstante, advirtió López, las obras solo tuvieron en cuenta la población residente de Nuquí y no la cantidad de turistas que llegan diariamente, por lo que el acueducto ya se está quedando corto: “A pesar que hay dos quebradas, dos fuentes de agua, se van a quedar reducidas frente al crecimiento de la población, porque tenemos proyecciones grandes frente al turismo y la inversión extranjera. Tenemos que acelerar el proceso de buscar una fuente alternativa”. .

EN DEFINITIVA

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería investiga presuntas irregularidades en las obras del proyecto Todos por el Pacífico. Ante retrasos, España dio una nueva prórroga para concluirlo.

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