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Exjefe paramilitar ofreció desarme de 100 combatientes y pidió sedición al Gobierno
Los excombatientes del bloque Cacique Pipintá entregarían sus armas en La Merced, Caldas, según “Alberto Guerrero”. Si a las AUC las juzgan por sedición, podrían recibir amnistías.
“La única forma de acabar con el paramilitarismo es que se politice, así como pasó con las Farc”. Con esta frase, el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra García sustentó una petición al Gobierno Nacional, en el marco del proyecto de “paz total”: que le concedan a los antiguos miembros de las Autodefensas el estatus de sedición.
En una conversación con EL COLOMBIANO desde su sitio de reclusión en la cárcel de Cómbita, el excomandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC y vocero de la Mesa de Paz de dicha prisión, le propuso al presidente Gustavo Petro que les dé un tratamiento político a los exparamilitares con miras a una eventual negociación de paz.
Como gesto de buena voluntad, alias “Alberto Guerrero” o “Pipintá”, como es conocido en el bajo mundo, informó que está en capacidad de gestionar el desarme de 80 a 100 excombatientes de su bloque. “Son personas que, después de la desmovilización de las AUC, todavía están en armas”, manifestó.
Agregó que todos se concentrarían en el municipio de La Merced, en Caldas, donde surgió la organización hace más de una década, y que tendrían la supervisión de Carlos Mario Jiménez (“Macaco”) y Rodrigo Pérez Alzate (“Julián Bolívar”), exjefes del bloque Central Bolívar, la estructura que dio origen al Pipintá.
Según Sierra, “revivir la sedición sería un paso importante para conseguir la paz total, nos reconocería como los actores del conflicto que fuimos y facilitaría que ayudemos en otros procesos de desarme, como los de las bandas que surgieron de la línea paramilitar, ‘la Oficina de Envigado’, ‘Pachelly’, ‘los Shottas’, ‘los Espartanos’ y otros (…). Incluso, reconocer la sedición les serviría a los de la ‘Primera Línea’, ¿porque qué es más sedicioso que la protesta social?”.
El segundo intento
En el Código Penal colombiano, la sedición está definida como un delito en el que mediante el empleo de las armas se pretende “impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes”, lo que da una prisión de dos a ocho años de cárcel. No obstante, por ser de carácter político, la ley acepta amnistías para los perpetradores.
Las AUC, con apoyo de los parapolíticos del Congreso, trataron de incluir un artículo que les concediera este tratamiento en el proyecto de Ley de Justicia y Paz, con el cual serían juzgados tras su desmovilización, pero la Corte Constitucional tumbó este concepto en 2006.
Sierra espera una respuesta positiva del Gobierno, que les permita a los exparamilitares convertirse en un partido político, y recordó que en sus días de civil fue candidato a la Alcaldía de Santo Domingo, Antioquia (1994).
Los “paras” desmovilizados ya habían intentado conformar un partido en 2014, cuando el Gobierno de EE.UU. los excluyó de la lista de grupos terroristas. La idea, que tenía el nombre preliminar de Alianza de la Unidad Colombiana por la Paz, Aucpaz, quedó sepultada sin nacer, bajo los desacuerdos entre los mismos excomandantes.
Con la llegada del gobierno de Petro y su proyecto de “paz total”, estas personas ven una nueva oportunidad. “Hoy puede haber otro ambiente político, porque a nosotros no nos deben tratar como delincuentes comunes, sino como actores del conflicto. Si las Farc no tuvieron cárcel, ¿por qué las AUC sí?”, comentó “Alberto Guerrero”.
Frente a la propuesta de sedición por parte del exjefe paramilitar, este diario consultó la opinión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Al cierre de edición no había llegado su respuesta.
Sierra señaló que todavía no le ha presentado el plan en persona al alto comisionado, Danilo Rueda, pero dijo que el funcionario ya sostuvo una reunión con delegados de la Mesa de Paz de Cómbita, meses atrás.
En ese momento le entregaron una carta en la que expusieron dos proyectos “para que el Gobierno se apropie de ellos y hacerles los ajustes pertinentes”, según el texto.
El primero consiste en un desarme carcelario, en el que cada interno entregue un arma de fuego a cambio de una rebaja de pena, con lo que se pretende reunir de 80.000 a 100.000 armas; el segundo en un pacto de reconciliación entre grupos rivales, con un diplomado universitario de gestores de paz de por medio.
Por el momento tampoco se conoce una respuesta del Gobierno a estos planes.
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