Una Corte presionada sesiona hoy para intentar elegir Fiscal

La Corte Suprema de Justicia no escogió el jueves pasado a la próxima fiscal general de la nación. Sin embargo, un cambio de dinámica causó una especie de aceleración del proceso, lo que podría llevar a que esta semana se conozca el nombre de la titular del ente acusador.

Aquel 7 de marzo, en medio de las habituales sesiones quincenales de la Sala Plena de la Corte, por casi cuatro horas hubo cuatro rondas de votación en las que se intentó impulsar el nombre de Amelia Pérez Parra, Luz Adriana Camargo Garzón y Ángela María Buitrago Ruiz.

Pero ninguna de ellas alcanzó los dieciséis votos necesarios, entre los veintitrés totales que podrían depositarse en la Sala, para lograr un nombramiento en propiedad, lo que consolidaba cinco semanas en vilo desde que las deliberaciones comenzaron.

Corrido el mediodía en el Palacio de Justicia, quien confirmó la incertidumbre fue el presidente de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra Castro, al manifestar que no hubo ninguna ganadora, pero que “hubo unas mayorías bastante importantes”.

“Nos encontramos próximos o cercanos a alcanzar el consenso y esa mayoría necesaria”, indicó, y luego contó que la Sala, de forma unánime, acordó adelantar una sesión extraordinaria, un mecanismo que hasta entonces se había descartado.

La Corte Suprema se mostró, desde un principio, confiada en que podría cumplir con sus propios tiempos sin necesidad de acudir a atender las presiones que se manifestaron a nivel político y en las calles o sin considerar realizar una jornada distinta a las comunes de cada dos jueves.

Por ejemplo, en medio de un trámite de tutela, el expresidente Fernando Castillo aseguró ante el Consejo de Estado que son “infundadas” las suposiciones de que pudiese haber un retraso grave en el proceso de elección, pues hasta ese momento el Tribunal estuvo cumpliendo con su cronograma.

El vicepresidente de Castillo era, precisamente, Gerson Chaverra, quien ahora preside la Corte. Recién posesionado, en enero de este año explicó en medios de comunicación que no veía imperioso convocar sesiones extras, dado que la Corte seguía, autónomamente, a un buen ritmo.

La percepción interna de la magistratura encontró un choque fuerte el 8 de febrero, cuando unas protestas exigiendo una elección de fiscal se convirtieron en un bloqueo en las instalaciones del Palacio de Justicia. Chaverra, en su momento, llamó al episodio un “asedio”.

Ese día, la Corte no escogió a la sucesora de Francisco Barbosa, quien culminó su período el 12 de febrero y dio paso a la actual interinidad de su mano derecha, Martha Mancera. El 22 de febrero tampoco hubo elección, pero se empezó a marcar una tendencia con Amelia Pérez a la delantera.

Pérez se diferenciaba de sus rivales en la frecuencia con la que se presentaba a la Corte para intentar hacer campaña. De hecho, la candidata Ángela Buitrago se ha alejado, al menos presencialmente, de la magistratura y de cualquier cruzada.

Entre otras razones, Buitrago ha sostenido encuentros con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, una instancia de las Naciones Unidas que busca investigar presuntas vulneraciones de derechos humanos cometidas desde 2018 en ese país.

La exfiscal Buitrago es parte de ese Grupo hasta 2025, así que las paredes del edificio Alfonso Reyes Echandía no la ven desde hace un tiempo. Caso contrario es el de la exfiscal Pérez Parra, quien en lo que va del año ha visitado a sus votantes y potenciales votantes con frecuencia.

Su intención de interceder ante quienes podrían depositar su nombre en la urna de la Sala Plena quiso sostenerse luego de que se hicieran públicos varios trinos de su esposo, el exinvestigador del CTI Gregorio Oviedo Oviedo, considerados ofensivos y politizados.

Oviedo lanzó publicaciones en las que dejó ver su afinidad con la izquierda colombiana y se mostró crítico con la prensa, con la Fiscalía y con la propia Corte Suprema, lo que hizo que Pérez perdiera cierto impulso que fue aprovechado por un bloque a favor de Luz Adriana Camargo.

En la jornada del 7 de marzo, Camargo logró repuntar por encima de Pérez y Buitrago. Ese cambio de actitud en la Sala fue, asimismo, uno de los motivos para llamar a una sesión extraordinaria, sobre todo porque el voto en blanco, triunfante a principios de año, ya no tiene tanta fuerza.

Camargo Garzón, de 59 años, es una exmagistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia que acompañó al hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, tanto en el alto tribunal como en las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La Corte aspira a escoger firmemente antes de la salida de cinco magistrados que en abril culminan su período de ocho años como togados: Luis Alonso Rico, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Fernando Castillo Cadena, Gerardo Botero Zuluaga y Luis Antonio Hernández Barbosa.

Castillo fue presidente de toda la Corte en 2023, mientras que Botero fue el presidente de la Sala Laboral en 2017 y el año pasado interpuso una escueta tutela con la que quiso que la terna fuese descartada por el simple hecho de que estaba integrada por tres mujeres. Fracasó en dos instancias.

El Consejo Superior de la Judicatura empezó el 27 de febrero a escuchar a 133 aspirantes a magistrados y magistradas que ocuparán esas vacantes. El último turno será este mismo 12 de marzo, con candidaturas que pretenden ser parte de la Sala de Casación Penal.

Luego, la Judicatura tendrá que crear una lista de diez elegibles para la Sala Civil, diez para la Sala Laboral y diez para la Sala Penal. La Corte Suprema, a su turno, tendrá que dedicar dos tercios de su pleno a escoger a quienes ocuparán los escaños.

Es decir, es un proceso que, aunque no tardaría lo mismo que hasta ahora lo ha hecho la elección de la próxima fiscal general, podría tomarse su tiempo. Y aunque en el entretanto la Corte tendría un quórum con el que podría discutir, con dieciocho magistrados, la votación sería enredada.

Quizás el principal antecedente de qué ocurre cuando la Corte no tiene sus veintitrés asientos completos y vota por fiscal general es la nulidad de la elección de Viviane Morales. En ese entonces la Corte decidió interpretar su reglamento a conveniencia, lo que fue considerado un vicio.

El Consejo de Estado examinó esa elección y determinó que la Corte Suprema es autónoma para reformar su reglamento, mas no para recurrir a interpretaciones a la ligera que se adapten a un escenario en particular. No es una discusión menor y, con una Sala incompleta, tendría que darse.

La expectativa se concentra en que la elección pueda demostrar que el optimismo expresado por el magistrado Chaverra no llega en vano. El fuerte operativo de seguridad ordenado por el alcalde de Bogotá y por la Policía, aun sin protestas, seguirá custodiando los alrededores del Palacio./Colprensa