Derechos deben protegerse

La preocupación por las posibles afectaciones a los derechos socioeconómicos de los ciudadanos, debido a la situación energética que enfrenta nuestro país, no puede ser ignorada. Como Defensor del Pueblo, me veo en la obligación de alertar y hacer un llamado a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias que garanticen el abastecimiento energético.

Urge que el Gobierno Nacional publique el plan de choque que permita garantizar la prestación de este servicio público esencial con calidad, dado que la energía eléctrica es un bien fundamental para nuestra sociedad.

Aunque actualmente contamos con una cobertura del 97 % y una capacidad instalada de más de 18,9 gigavatios, diversos factores externos están generando impactos negativos en el costo del servicio y la confiabilidad del suministro. La inflación, aunque comienza a dar señales alentadoras, la volatilidad macroeconómica y fenómenos como la guerra en Ucrania han contribuido al incremento del costo unitario de la energía, lo cual representa una carga adicional para los ciudadanos.

Además, la demanda de energía ha experimentado un crecimiento significativo, lo que ejerce una presión adicional a la situación actual. En 2022, la demanda aumentó un 3,2 %, esto pone en evidencia la necesidad de promover la diversificación de fuentes de generación y generar confianza en el sector. Solo a través de la protección de los derechos económicos de los ciudadanos y la garantía de un servicio esencial para la actividad económica y el bienestar de todos podremos avanzar hacia un desarrollo sostenible.

No obstante, otro factor que aumenta nuestra preocupación es la posible llegada del fenómeno de El Niño. Ante esta eventualidad, es crucial que el Gobierno coordine con el sector privado para garantizar la disponibilidad de los activos necesarios y disminuir los riesgos de déficit. Además, se debe fomentar la participación amplia de agentes en subastas y generar confianza en la hoja de ruta del sector energético. Una acción coordinada y planificada permitirá hacerles frente a los desafíos que se presenten.

Es importante mencionar que, según las proyecciones oficiales, se espera un margen de reserva positivo hasta el 2026. Sin embargo, a partir de diciembre de ese año y hasta noviembre del 2027 se estima un margen de reserva negativo, lo que indicaría un posible déficit de energía. Esta situación podría tener un impacto directo en los derechos económicos de los ciudadanos, limitando su acceso y utilización de este servicio esencial.

Por eso es clave, desde ya, generar condiciones propicias para el avance de los proyectos de generación de energía que se han retrasado. Las autoridades competentes deben tomar las medidas adecuadas para superar eventuales dificultades en las operaciones, teniendo en cuenta que la inestabilidad normativa y los cambios propuestos pueden afectar la confianza de los inversionistas y desincentivar la creación de nuevos proyectos. La seguridad energética y el bienestar de los ciudadanos deben ser prioridad.

Es oportuno también hacer un llamado a los ciudadanos. Desde ya, ahorrar energía es prudente, casi necesario, que cada familia aporte al ahorro energético en todas las regiones del país, especialmente en las ciudades. Es, de alguna manera, prevenir y generar conciencia.

A los colombianos, al contar con el servicio de energía, se les está garantizando el derecho a una vivienda digna, a la educación, a la salud, al goce efectivo de estos y otros derechos. Por eso es importante que el sector privado y el sector público busquen soluciones reales y efectivas que salvaguarden los derechos económicos y sociales de todos los colombianos, para que a ninguno lo coja distraído una eventual crisis energética.

* Defensor del Pueblo