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Atesa cobra por la poda de los 93 mil árboles censados en la ciudad
El servicio de poda que presta Atesa representa el cobro anual de $6 mil millones. Una actividad a la que la Essmar no hace auditoría, y se convierte en el sifón por donde se filtran los recursos de los 172 mil usuarios en Santa Marta. // ARCHIVO
Los 172 mil usuarios que tiene Aseo Técnico de la Sabana en Santa Marta, pagan por este servicio entre $500 y $600 millones mensuales.
El servicio de poda de árboles y el traslado de escombros al relleno sanitario de Palangana, se han convertido en la nueva salida en falso de la empresa Aseo Técnico de la Sabana (Atesa). Según el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), el privado está incurriendo en violaciones al marco normativo, al no tener permiso para ninguna de las dos actividades.
De acuerdo con Jaime Avendaño, director del Dadsa, Atesa está haciendo y deshaciendo con el arbolado urbano sin contar con el permiso de las autoridades competentes. No obstante, esto no sería sino una falta que responde a la “genética empresarial”, pues, su gemela, Interaseo, venía con estas mismas irregularidades, ya que en el 2018, en una mesa de trabajo con el Distrito, se buscaba regular el permiso para dicha asistencia.
Avendaño cuestiona que se observa en los barrios, de manera campante que las podas no cumplen con principios básicos como el respeto de la morfología del árbol, es decir, que la intervención puede generar descompensaciones que represente riesgos de caída, que es lo que se estaba presentando en el Distrito y que las fuertes brisas han demostrado. Además, el funcionario reclama que se les informe con minucia qué es lo que le cobran mensualmente a los 172 mil usuarios que tiene Atesa.
“En 2017 nosotros inventaríamos 93.000 árboles, de estos ¿A cuáles se le hacen podas? ¿Con qué frecuencia? ¿A cuáles sí y a cuáles no?, porque si vemos las avenidas principales, hay unos arbolitos chiquitos, súper delgados que no ameritan podarse. A comienzo de este año nos reunimos con Atesa, con el propósito de verificar exactamente qué estaba pasando, para armar un convenio como lo tenemos nosotros con la empresa Air-e, para que la intervención se ajusten a las leyes ambientales”, dijo el director.
Por otro lado, el Dadsa advierte que cada mes le facturan a los samarios alrededor de $500 y $600 millones por la poda, un objeto muy amplio y ambiguo para la autoridad ambiental porque no se sabe a ciencia cierta cómo se está dando dicho servicio. Esto indica que al año el cobro asciende a $6 mil millones de pesos.
“Lo que nosotros queremos es que la actividad se desarrolle tal como lo establece el marco normativo y las consideraciones técnicas que, como autoridad ambiental, hemos establecido para que no se generen impactos negativos en lo que es el arbolado urbano de la ciudad de Santa Marta. Estamos pagando sin saber a qué árboles se les está atendiendo. No pueden decir que podan todos los árboles del distrito varias veces al año”, puntualizó.
EL SILENCIO DE LA ESSMAR
Jaime Avendaño resaltó que la Empresa de Servicios Públicos (Essmar), estaría ocultando pruebas que son determinantes en el proceso que el Dadsa emprendió contra Atesa, acotó que la intervenida compañía mantiene un silencio cómplice, dado que ellos tienen todas las pruebas para desenmascarar el ‘cartel del escombro’ en el relleno de Palangana, y no se atreven a hacer una indagación preliminar, por lo menos.
“Los vehículos que utilizan para la recolección de escombros no son gestores autorizados. La empresa Essmar no hace la auditoría, recordemos que en el 2021, producto de un proceso sancionatorio, se estableció un plan de mejoramiento de vigencia de 6 meses, que a la fecha no se ha cumplido”, especificó Avendaño.
Sobre la acción popular que la alcaldesa Vina Johnson está contemplando para declarar la caducidad del contrato de concesión 007 de 1993, anunció que “estamos cumpliendo con el procedimiento legal. Ya hemos iniciado un proceso sanitario por el tema de disposición de material especial al relleno que lo están recogiendo de los puntos críticos y lo llevan a este sitio.
En el Concejo peligrosamente observamos una excusa de que eso no tiene reparo alguno. En Santa Marta desde el año 2018 hay un sitio habilitado para recibir escombros, lo que pasa es que ellos no quieren pagar por la disposición escombros en el lugar, y les sale mejor llevarlo al relleno porque cada camión que entra lo pesan y ese peso de lo que recogen nos lo cobran a los otros a la factura”.
La opinión pública está expectante de lo que puede ocurrir con estos anuncios, pues, hasta el momento, la operatividad de Atesa es muy frágil para los intereses de proyección de la ciudad, ya que nadie querrá visitar o invertir en una urbe sucia y maloliente.
