HOY DIARIO DEL MAGDALENA
Líder en la región

Madres comunitarias sin contratos hicieron plantón

En Santa Marta existen madres comunitarias con una precaria situación laboral y económica.

POR

EDGAR

TATIS GUERRA

Las madres comunitarias, cabeza de familia y los prestadores de servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) del Magdalena realizaron ayer un nuevo plantón en las instalaciones de la institución para exigir la firma de los contratos que aún no se concretan dejando a un centenar de personas en el ‘aire’ y sin la posibilidad de percibir ingresos.

En la protesta pacífica se escucharon arengas con el objetivo de llamar la atención de la directora regional y además se leían varios carteles, pancartas y letreros donde se deja al ‘desnudo’ la problemática que incide en la atención básica en los programas de Primera Infancia y Hogares de Bienestar de Santa Marta y municipios del Magdalena.

Vale mencionar que la situación de las madres comunitarias no es exclusiva en el Magdalena ya que a nivel nacional este sector poblacional también está padeciendo debido a la falta de pagos y la no reactivación de los contratos.

Como se recordará, la subdirectora de Primera Infancia del ICBF a nivel nacional, María Mónica Martínez, reveló públicamente una preocupante situación financiera pues aseguró que el Ministerio de Hacienda adeuda al ICBF transferencias por cerca de un billón de pesos desde enero de este año 2024.

Martínez advierte además que la falta de pago por parte del Ministerio de Hacienda está poniendo en riesgo la atención de la primera infancia, especialmente mil niños que dependen del programa de Madres Comunitarias. Esta situación ha dejado a estas trabajadoras sin garantías laborales y económicas, con contratos de un solo mes y retrasos en los pagos.

En Santa Marta existen madres comunitarias que se han visto obligadas a asumir con recursos propios el pago de la alimentación de los niños y otros gastos relacionados con su trabajo, agravando aún más su precaria situación laboral y económica.

De otro lado, se conocen denuncias relacionadas con algunas madres comunitarias que estarían siendo amenazadas con visitas de inspección a los hogares comunitarios para evitar que continúen protestando por sus derechos laborales y la atención adecuada de los niños. Para exigir su reconocimiento como trabajadoras del Estado, estas mujeres han realizado manifestaciones y cese de actividades, además de organizarse como sindicato, entre otras actividades.

En una investigación que indagó por la motivación de las madres comunitarias para reclamar su condición de trabajadoras se revela que desde el servicio que prestan, ellas no aparecían en el rastreo de la información. Ello debido a que la nación no las consideraba como trabajadoras, aunque han desempeñado un importante rol desde 1990, cuando surgió esa figura. En ese momento se tenía la concepción de ‘trabajo voluntario’ para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Aunque en 2014 (hace una década) les otorgaron el reconocimiento del salario mínimo, desde varios años atrás ellas comenzaron a cambiar su discurso para reconocerse como trabajadoras, puesto que según él del Estado “estaban como un apoyo a una institución que se dedica a la niñez”, afirma Clara Isabel Arismendi Ospina, magíster en Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) sede Medellín.

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