´Con el Plan de Desarrollo, el Estado soy yo´: Petro

El Plan Nacional de Desarrollo tendrá un costo para los colombianos de $1.154,8 billones. Según el objetivo oficial, en “potencia mundial de la vida”. 

La hoja de ruta por los próximos 4 años que radicó el Gobierno ante el Congreso contempla la prohibición de la minería a gran escala a cielo abierto para carbón.

El Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta de su gobierno que radicó el presidente Gustavo Petro en el Congreso quedó con 60 artículos más a los 240 que se habían estipulado en su borrador y con perlas que buscan que el mandatario tenga facultades extraordinarias para reorganizar la burocracia del Estado y hasta para tomar partido en las penas de cárcel a los indígenas que están presos.

Se trata de un proyecto de 166 páginas que se complementa con un documento más de 321 cuartillas que detallan las bases de ese PND, además de un Plan Purinacional de Inversiones con otras 125 hojas. El grueso de ese documento da cuenta de que el presidente quiere abonar el terreno para sus reformas y la paz total con artículos que quedaron dentro del PND y que, hasta ahora, se habían perfilado para tener un debate individual. Estos son algunos de esos puntos.

El Gobierno pretende crear un “mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica” que va a articular la información de los acuerdos de paz que se surtan en la administración. Ese tendrá la tarea de producir informes a partir de los pactos de paz y de sometimiento a la justicia que se firmen en su administración y le da facultad al Ejecutivo para que difunda esa información de forma “pedagógica”.

El Ejecutivo busca modificar la estructura del Estado, desde la rama Ejecutiva, pasando por las entidades y los organismos descentralizados, además de realizar modificaciones presupuestales.

Esas medidas también pretenden que Palacio pueda capitalizar las empresas que se creen dentro de la arquitectura pública, definir la administración de los patrimonios, determinar los objetivos de los fondos del Estado y realizar las modificaciones presupuestales que él considera necesarias.

 EN MINERÍA 

El plan señala la prohibición de la minería a gran escala a cielo abierto para carbón térmico.  Eso sí, los contratos para la exploración y explotación que se encuentren ejecutándose continuarán desarrollándose.

También estipula un cambio en los subsidios de energía eléctrica, gas combustible, acueducto, alcantarillado y aseo para los usuarios de menores ingresos, pues se implementarán medidas que permitan el cruce entre la estratificación y la información socioeconómica de los usuarios como parámetro de focalización del subsidio.

SUBSIDIOS 

Crearán el programa de renta ciudadana, el cual armonizará los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. Asimismo, crearán el Registro Universal de Ingresos con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.

En este mismo sentido, crearán  la transferencia en especie “hambre cero”, lo cual podría ser alimentos para las familias más vulnerables.

Además, van a evaluar la pertinencia de la continuidad del programa de incentivos a la creación del empleo formal.

SALUD 

El proyecto propone algunas prohibiciones a los liquidadores en salud. También dice que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- realizará el giro directo de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación -UPC- de los regímenes contributivo y subsidiado a las instituciones y entidades que presten dichos servicios.

FACULTADES EXTRAORDINARIAS  

El mandatario tendría nuevos poderes para:

Regule las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas.

Crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar, o modificar la naturaleza jurídica, de entidades de la rama ejecutiva

Señalar, modificar y determinar los objetivos y la estructura orgánica de las entidades resultantes de las creaciones, fusiones o escisiones y los de aquellas entidades a las cuales se trasladen las funciones de las suprimidas, escindidas, fusionadas o transformadas.

Determinar la adscripción o la vinculación de las entidades públicas nacionales descentralizadas que se creen, fusionen, escindan o integren;

Modificar los objetivos, funciones, estructura orgánica y régimen jurídico de las entidades de la rama ejecutiva

Realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades creadas, escindidas, suprimidas, fusionadas o reestructuradas, en desarrollo de las facultades otorgadas por la presente ley

Capitalizar las empresas que se creen, fusionen, escindan o integran, en ejercicio de las facultades conferidas, y establecer las condiciones de aporte de capital de la Nación.

Crear, escindir, fusionar, suprimir o modificar la naturaleza jurídica de fondos cuenta con o sin personería jurídica, o de patrimonios autónomos, destinados a la administración y/o ejecución de recursos públicos.

Determinar los objetivos y estructura de los fondos que se creen, escindan, fusionen, supriman o modifiquen en desarrollo de las facultades otorgadas en el presente artículo; así como las entidades y sectores administrativos a los cuales se adscriben o integran

Realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las funciones que se asignen a los fondos creados, escindidos, suprimidos, fusionados o reestructurados en desarrollo de las facultades otorgadas en el presente artículo

Depurar y modificar la normativa vigente para establecer los instrumentos que se requieran para implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular, incluyendo la definición de incentivos no tributarios, mecanismos para promover alianzas de atracción de inversión extranjera directa sostenible y transferencia tecnológica, cesión y gestión de activos y esquemas de financiamiento para el fortalecimiento productivo.

Adquirir a título gratuito u oneroso la infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios-Instituto Materno Infantil, y crear la entidad pública de la rama ejecutiva del orden nacional que utilice dicha infraestructura para la prestación de servicios de salud y/o la investigación en salud, así como para las reglas para su funcionamiento.

Regular los usos alternativos de la planta de coca y los usos alternativos del cannabis con fines medicinales

Crear un sistema de transferencias o subsidios en dinero y/o en especie para apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, derivada de situaciones adversas provocadas por la materialización de riesgos sociales, de riesgos económicos, o por desastres naturales; así como para modificar los programas Familias y Jóvenes en Acción e integrarlos al sistema de transferencias que se creé en desarrollo de estas facultades.

EDUCACIÓN

Implementarán la política de Estado de gratuidad en la matrícula para todos los estudiantes de programas de pregrado de las instituciones de educación superior públicas, bajo criterios de vulnerabilidad socioeconómica.

Y para poder financiar esto, desde el 2024 los saldos de las cuentas corrientes o de ahorro que hayan permanecido inactivas por un período mayor a un año y no superen el valor equivalente a 322 UVR serán para el acceso a la educación superior.

Entre tanto, el Icetex dará alivios e incentivos que contemplen beneficios de condonación parcial de capital por pago anticipado de la obligación crediticia, por riesgo de incobrabilidad y otras alternativas de compensación social.

FINANZAS

Uno de lo artículos que incluyeron es que los sistemas de pago de bajo valor que presten servicios relacionados con órdenes de pagos y/o transferencias de fondos inmediatas, deberán interoperar entre sí, de conformidad con la regulación que para el efecto expida la Junta Directiva del Banco de la República.

Crearán la Unidad de Valor Básico -UVB- que se reajustará anualmente en la variación del Índice de Precios al Consumidor-IPC- sin alimentos perecederos y procesados ni regulados. Para el 2023 el valor sería de $10.000 y todas los sanciones; multas; tarifas, entre otros, serían calculados con esa Unidad.

Entre tanto, en el campo del comercio, advierte que pondrá “remedios comerciales y aranceles inteligentes”, Es decir, “medidas comerciales de carácter restrictivo o de fomento, por razones de seguridad nacional, incluyendo soberanía alimentaria y protección de la industria y el mercado”.

TRASLADO DE LA POLICÍA 

Contempla que la Policía Nacional, pase a un ministerio que garantice el fortalecimiento de su carácter civil.

Otro artículo que llama la atención es que la Policía Nacional podrá imponer órdenes de comparendo en relación con las conductas con directo impacto en la seguridad vial y especialmente, la circulación sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito -SOAT que se cometan en vías departamentales y municipios donde no existan o no tengan cobertura los cuerpos operativos de control de los organismo de tránsito.

De otro lado, el proyecto contempla unos mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierra por oferta voluntaria. También crea el programa Basura Cero, en el que garantizará la participación de la población recicladora.

En otro aspecto, crea el Programa Nacional de Jóvenes en Paz, de entre entre los 14 y 28 años a quienes les podrán dar beneficios económicos.

LA INVERSIÓN 

El articulado del plan estima una inversión de $1.154 billones para los próximos cuatro años: $136,5 billones para la Convergencia regional; $114 billones para la transformación productiva y acción climática; $744 billones para temas relacionados con la Seguridad Humana y la justicia social; $47 billones para el Derecho Humano a la alimentación; y $28 billones para el Ordenamiento del Territorio alrededor del agua.

Entre sus metas se destacan: actualizar el Catastro Multipropósito en un 70%; llevar la pobreza extrema a un dígito; utilizar los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética, y llegar a cerca de 3 millones de hectáreas entregadas.