Maduro liberó a 59 colombianos que tenía presos

Los colombianos permanecían detenidos desde el año 2016. La mediación de Michell Bachelet facilitó su liberación.

El Gobierno Nacional en cabeza del consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa,  recibe en  Cúcuta, Norte de Santander,a los 59 colombianos que habían sido detenidos en Venezuela desde el 2016  y que fueron liberados este fin de semana.

 “Por instrucciones del señor Presidente de la República, Iván Duque, me encuentro en Cúcuta liderando, junto a la Cancillería y Migración la delegación que recibe a los 59 connacionales arbitrariamente detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro”, aseguró Barbosa a través de su cuenta de Twitter.

Este sábado se conoció de la liberación de los 59 connacionales que habían sido capturados por el Gobierno venezolano y que permanecían en una comisaría en Caracas acusados de supuestamente ejercer labores de paramilitarismo, así como de participar en planes para atentar contra del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Migración Colombia  informó  que activó los planes de contingencia para atender la llegada de los colombianos al territorio nacional y así validar su estado de salud y actualizar su estatus migratorio.

El grupo de liberados  tenía  orden de libertad en el año 2017, pero su proceso de deportación solo se hizo hasta este 29 de junio del 2019. Se pudo establecer que la deportación de los connacionales tuvo que ver con la intervención de Michelle Bachelet, alta consejera de la ONU para los derechos humanos, quien recientemente visitó ese país.

Aunque al principio el número de personas detenidas por las fuerzas venezolanas fue de 92, poco a poco y por razones humanitarias, algunos fueron siendo liberados. Al día de hoy solo los 59 colombianos continuaban presos.

Si bien en un primer momento la razón de su detención se dio por no portar los documentos en regla, Nicolás Maduro lanzó graves acusaciones en contra de los colombianos, señalándolos de ser paramilitares, palabras que fueron rechazadas no solo por las familias de los implicados sino por organizaciones humanitarias de todo el planeta y por el gobierno y cancillería de Colombia.