JEP ratifica imputación por esclavitud a exsecretariado de las FARC

Aunque el antiguo Secretariado de las FARC ha dicho que esa organización jamás incurrió en el delito de tortura y esclavitud, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó hoy que sí se cometieron ese tipo de acciones al margen de la ley,

La JEP confirmó la imputación que había hecho contra la excúpula por esos delitos y además lo hizo por haber cometido crímenes de guerra, de toma de rehenes y de lesa humanidad, de graves privaciones de la libertad, violencia sexual y desplazamiento forzado, entre otros delitos.

La decisión se enfoca principalmente en el delito de tortura y esclavitud, en el cual la JEP concluyó que los miembros del exsecretariado son responsables en razón a la política general de secuestros que adelantó la organización.

Es decir, que ellos conocieron de los trabajos forzados que les fueron impuestos a los secuestrados, como castigo, control territorial o para favorecer a la organización.

«En el marco de su estrategia de secuestro se cumplieron tres elementos contextuales que, a la luz del artículo 7 del Estatuto de Roma, configuran un crimen de lesa humanidad tales como: que se trató de (i) un ataque dirigido contra la población civil; (ii) que dicho ataque fue generalizado o sistemático; y (iii) que el ataque fue cometido de conformidad con o en cumplimiento de una política de un Estado o de una organización», precisó la JEP.

El Tribunal de Paz explicó que en los secuestros cometidos por ese grupo guerrillero se perdieron a familiares y amigos, así como bienes.

«Además, las víctimas sufrieron serias consecuencias a su integridad física, psicológica, psíquica y moral, como consecuencia de los malos tratos y de los crímenes concurrentes sufridos durante el secuestro. Los vejámenes no terminaron ahí, también padecieron de la estigmatización durante y después de su privación de la libertad, en asociación al secuestro como una forma de castigo».

A esas conclusiones llegó la JEP, tras estudiar “las conductas reconocidas, las pruebas allegadas, las calificaciones jurídicas realizadas, los responsables y las propuestas de sanción y luego de haber analizado las contribuciones a la verdad, la aceptación de responsabilidad y las propuestas restaurativas”.

Los responsables de estos hechos son los antiguos miembros del Secretariado que están sometidos a la JEP: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

La responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado.

¿QUÉ VIENE AHORA?

Ahora, luego de que la JEP analizó las conductas reconocidas, las pruebas allegadas y las propuestas de sanción, entre otros elementos, el Tribunal para la Paz ordenará una audiencia de verificación.

«En esta audiencia participarán las víctimas acreditadas del Caso 01, los comparecientes y el Ministerio Público. Será un espacio judicial para que la Sección verifique que se cumplen la contribución a la verdad y la forma de reparación, en el marco del Sistema Integral para la Paz; con base a esto se determinará la duración de la sanción propia que la conforma el componente de restricción de derechos, libertades y el restaurativo. Estas oscilarán entre los 5 y 8 años y serán verificadas y monitoreadas por la Sección con la participación de Naciones Unidas».