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Procuraduría abrió indagación por el ‘cartel de La Picota’
Margarita Cabello, procuradora general de la Nación.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra los funcionarios del Inpec de la cárcel La Picota “por presuntos cobros a cambio de servicios ilegales en la cárcel Picota de Bogotá”.
Se trataría de una red de corrupción de dragoneantes que, a cambio de sobornos, cumplía con los deseos de los reclusos de mayor poder, como introducirles droga, licor, celulares, permisos para salidas bajo pretextos médicos falsos e incluso traslados a otras prisiones en vehículos particulares.
La Procuraduría se enfocará en determinar “si integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia y funcionarios administrativos del centro penitenciario ofrecían servicios ilegales a las personas privadas de la libertad, como permisos para salir, visitas no permitidas, ingreso de armas, drogas y licor, entre otras irregularidades a cambio de dinero”, tal como informó Semana.
Para llevar a cabo esta investigación, la Procuraduría llevará a cabo una serie de acciones, incluyendo la obtención de pruebas, interrogatorios, registros, declaraciones y análisis forenses, con el fin de esclarecer los hechos denunciados en La Picota, ubicada al sur de Bogotá.
La denuncia que destapó la olla
Un grupo de funcionarios del Inpec transformó una oficina en la prisión de La Picota, en el sur de Bogotá, en un centro de sobornos y extorsiones que ha beneficiado a muchos. Una estrategia de corrupción millonaria que involucra las salidas de los reclusos para citas médicas falsas, diligencias judiciales ficticias e incluso encuentros amorosos, y ha permeado las cárceles con la complicidad de los guardias, que aprovechan su protección sindical para evitar sanciones o investigaciones. Semana ha tenido acceso a pruebas de este “cartel” de La Picota.
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Según una investigación realizada por la Fiscalía en su dirección anticorrupción, desde la oficina de detención domiciliaria en La Picota, cientos de reclusos encontraron una manera de ingresar y salir libremente de la prisión a cambio de sobornos a los funcionarios corruptos, quienes ofrecían una amplia variedad de servicios ilegales. Además de los permisos de salida, se incluían el contrabando de alcohol, teléfonos móviles, drogas, visitas y prostitutas, entre otros.
La controversia sobre el traslado del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, se origina precisamente en este vergonzoso esquema de corrupción. Suárez pagó por salir de La Picota para asistir a citas médicas y otros encuentros en Bogotá. Semana ha tenido acceso a los recibos de los pagos realizados por el exalcalde a un funcionario encargado de los traslados en La Picota.
