Senadoras y representantes rechazan presunta red de prostitución en el Congreso 

La presunta contratación de al menos cuatro mujeres por parte de congresistas para actos sexuales, situación denunciada por el exsenador Gustavo Bolívar, sigue siendo cuestionado por distintos sectores del legislativo, como por ejemplo la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, CLEM. 

Ayer, su presidenta, la senadora María José Pizarro, y la vicepresidenta, la representante Lina María Garrido Martín, rechazan contundentemente todos los actos de violencia y acoso contra las mujeres, como lo son los presuntos hechos dados a conocer sobre exigencias sexuales que pudieran estar recibiendo mujeres que trabajan al interior del Congreso de la República.

 “La CLEM, en su compromiso constante en la lucha contra las violencias que padecen las mujeres colombianas, preocupándose en especial por proteger y mejorar las condiciones laborales para ellas en nuestro entorno inmediato, ha venido trabajando articuladamente con la institucionalidad y de la mano con las mesas directivas y las direcciones administrativas de Cámara y Senado, en la creación del Protocolo de Denuncia

Frente al Acoso y la Violencia Contra las Mujeres al Interior del Congreso”.

Las congresistas, en representación de la comisión, indicaron que “en este marco, la comisión manifiesta la entera disposición para que, sin revictimización y mediante canales internos, seguros y efectivos, las mujeres sean escuchadas, acompañadas, apoyadas y orientadas en las acciones que decidan emprender”.

Plantean además que para fortalecer esta lucha a nivel interno y externo, convocan a la Ministra del Trabajo, a la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a expertas en el tema y a organizaciones, para realizar mediante una sesión de la Comisión y mesas de trabajo, un diagnóstico y una caracterización del acoso sexual en el ámbito laboral en Colombia, que permita buscar soluciones concretas, rápidas y efectivas para erradicar este tipo de violencia que nos aqueja.

Por otra parte los representantes uribistas Juan Espinal y Carlos Osorio, pidieron que se haga una investigación del tema en la Cámara de Representantes. Ental sentido en carta al presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, Guillermo Montes, le indican que “manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones realizadas en días pasados por el ex Senador Gustavo Bolívar en la Revista Semana, en las que denunció la existencia de una presunta red de trata de mujeres en el interior del Congreso de la República.

Por tal motivo, solicitamos la aplicación de la Ley 1828 de 2017 que establece en su artículo 3° que esta “se aplicará a Senadores de la República y Representantes a la Cámara que en ejercicio de su función transgredan los preceptos éticos y disciplinarios previstos en este Código, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Rama Jurisdiccional del poder público en materia penal o contencioso administrativa”.

Solicitan iniciar una acción ética y disciplinaria de oficio con el fin de llamar al ex Senador Gustavo

Bolívar, “para que amplíe su denuncia y poder esclarecer si algún Representante a la Cámara se encuentra involucrado en la supuesta red de trata de mujeres y acoso sexual en el Congreso”.

El martes en el Senado el presidente de la corporación Roy Barreras había solicitado a la Fiscalía abrir una investigación al respecto, para que se sepa cuándo ocurrieron los hechos denunciados por Bolívar. Igualmente el presidente de la Comisión de Ética, senador John Jairo Roldán, reportó que se abrió de oficio un proceso en tal sentido.

De otra parte la Fiscalía y la Procuraduría, ya reportaron que tienen investigaciones abiertas para averiguar el alcance de lo demandado por el excongresista del Pacto Histórico.