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En 2022 bancada petrista impulsó proyecto que eliminaba sanciones por violación de topes electorales

En momentos en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se apresta a tomar decisiones frente a los procesos contra la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 –por presunta violación de topes electorales–, este lunes comenzó a circular un fallido proyecto que la bancada del Pacto Histórico promovió en el Congreso en 2022 y que, justamente, buscaba eliminar las sanciones por superar los topes de ingresos y gastos en campaña.

La iniciativa fue radicada el 11 de agosto de 2022, es decir, apenas cuatro días después de que asumió el hoy Jefe de Estado y menos de un mes después de que los congresistas asumieron sus curules (20 de julio de 2022). Aunque el proyecto de acto legislativo –es decir, que implica modificar la Constitución y demanda de ocho debates–, fue presentado como una reforma política, en realidad tenía otros fines.

El proyecto apenas tenía cinco artículos, incluida la vigencia, y el tercero era el más llamativo de todos: proponía modificar el artículo 109 de la Constitución, relacionado con la financiación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Más que desarrollar la materia, el artículo proponía eliminar de tajo todo el apartado concerniente a las sanciones por violación de topes electorales. Actualmente, la norma establece que la violación de dichos topes en la financiación de las campañas “será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”.

Sin embargo, se eliminaba dicha cláusula, así como el apartado que hoy por hoy limita el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas. Incluso, se apartaba de la norma la obligación de partidos y candidatos de rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.

El proyecto contó con el respaldo y las firmas de la plana mayor del petrismo: los senadores Roy Barreras (hoy embajador), Esmeralda Hernández, María José Pizarro, Alex Flórez, Clara López, Jahel Quiroga, Gloria Flórez, Sandra Jaimes, Isabel Cristina Zuleta, Martha Peralta, Pedro Flórez y César Pachón.

Lo que más llama la atención fue la rúbrica de un solo representante a la Cámara: Alirio Uribe, quien a la postre fue seleccionado para ser el líder investigador del tridente que estudia las denuncias que pesan contra Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, entre ellas, varias por supuesta financiación ilegal y aparente violación de topes electorales.

En este contexto no puede pasar por alto que las denuncias por supuesta violación de topes electorales en la campaña involucran a la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (Sadi), cuyo administrador es el piloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio, quien admitió cargos por narcotráfico en Estados Unidos y hoy permanece recluido en ese país.

Esa compañía no solo prestó servicios a Petro en su campaña de 2022, sino que también movilizó a una veintena de congresistas del Pacto Histórico durante sus campañas al Senado en 2022. Los pagos salpican las cuentas del primer círculo de Petro en el Senado, entre ellos, María José Pizarro, Gustavo Bolívar (hoy director de Prosperidad Social), Iván Cepeda, la fallecida Piedad Córdoba o Roy Barreras.

Ahora, pasados casi dos años y en medio de los procesos contra la campaña, quien puso a sonar nuevamente el controvertido proyecto que hizo tránsito en el Congreso fue el activista y columnista David Ghitis, quien sostuvo que los congresistas del Pacto “eran conscientes de haber excedido los límites de financiamiento de la campaña presidencial” y, por ello, intentaron modificar la Constitución para eliminar las sanciones.

“Desde la misma campaña presidencial el Pacto Histórico sabían que habían sobrepasado los topes de financiación permitidos. Tanto lo sabían, que apenas se posesionaron los congresistas, el 20 de julio de 2022, comenzaron a trabajar en un proyecto de acto legislativo para modificar la Constitución a su favor (…) Ocultaron este mico gigantesco. Ese proyecto alcanzó a tener cinco debates en el Congreso, pero afortunadamente se hundió y los mismos autores lo retiraron”, explicó Ghitis, quien dijo que el caso fue denunciando ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 14 de mayo.

Este diario buscó respuestas y explicaciones por parte de varios de los congresistas y excongresistas que firmaron el controvertido proyecto; no obstante, no hubo respuestas y hoy no hay quien responda por su autoría y respaldo al proyecto.

En el entretanto, el pasado jueves –acogiendo los argumentos planteados tanto por el presidente Gustavo Petro como por su defensa–, el tridente de congresistas que investiga al Jefe de Estado en la Comisión de Acusación anunció que pedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) que, por competencia, envíe a ese organismo los procesos que actualmente adelanta contra el mandatario y su campaña por supuesta violación de topes electorales.

La determinación se conoció justo en momentos en los que esa autoridad electoral se dispone a reunirse en sala plena para decidir si acoge una ponencia en la que se pide investigar formalmente a Petro y a su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, por presunta violación de topes.

Según el triunvirato investigador, aunque el CNE es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al presidente de la República la tiene el Congreso “por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional contemplado en el artículo 178 de nuestra Carta Política”.

Ese triunvirato encargado de investigar las denuncias está conformado por el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico y quien es un petrista de antaño, así como Gloria Arizabaleta, quien llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del mandatario: el exsenador y hoy embajador Roy Barreras. El tridente lo cierra Wilmer Carrillo (Partido de la U).

 

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