HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Desacato contra Cormagdalena y MinHacienda por no gestionar recursos para atención a erosión

Se le pide que las entidades paguen una multa de 50 salarios mínimos, por no asignar recursos para el dragado de la Isla Tamarindo. 

Ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, fue presentado una nueva acción en contra del Ministerio de Hacienda y Cormagdalena, por lo que sería la falta de gestión y planificación adecuada a la solución integral de la erosión en Salamina.

Según lo indica el documento, el desacato fue a la sentencia fechada el 4 de mayo de 2022, en donde se amparaban los derechos colectivos a la seguridad pública y prevención de desastres previsibles técnicamente, respecto a la comunidad residente en los municipios de Salamina y El Piñón.

Manifestó el abogado Miguel Martínez, que presentó ante el Tribunal del Magdalena, un incidente de desacato contra el Ministerio de Hacienda y Cormagdalena, por no gestionar y garantizar los recursos para el dragado de la isla tamarindo en Salamina.

En el numeral séptimo de la sentencia, habría ordenado a Cormagdalena que en un término de 2 meses se ejecutarán una serie de trámites administrativos y presupuestales, para la ejecución de actividades de dragado y disposición de sedimentos.

“Sin embargo hasta la fecha de la presentación del presente incidente, Cormagdalena no ha efectuado los trámites administrativos y presupuestales para la asignación de los recursos que permitan el dragado”, indica la misiva.

Asimismo, en cuanto se refiere al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la entidad estatal no estaría disponiendo de los recursos, además de que solo habría aprobado 60 mil millones de pesos para protección de orilla y carretera, pero no el dragado, como se pactó en la audiencia del Pacto de Cumplimiento.

“Por lo anterior, solicito que se inicie un incidente de desacato en contra de Cormagdalena y el Ministerio de Hacienda y sancionados con arresto y multa de cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes. Al poner en riesgo la vida de más de 7.000 familias”, es la petición del jurista.

Cabe indicar que, la sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en un término de tres días si debe revocarse o no la sanción.

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