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El informe preliminar de la Contraloría sobre la obra crucial para el desarrollo energético del país dejó escandalosas conclusiones.
En el reciente informe de la Contraloría General que publicó en el mes julio, «del Proyecto Hidroelectrico Ituango se vió afectado por una serie de acontecimientos que se tradujeron en la paralización del mismo, daños en su estructura y equipos, el riesgo en grado de alerta roja, aún en firme, para las poblaciones aguas abajo y una alteración de la normalidad ecosistémica del Rio Cauca, situaciones que impactaron el normal desarrollo del proyecto y su gestión financiera o económica».
«La causa eficiente del anterior hecho radicó en el incremento en los niveles en el Río Cauca, ocasionado por un derrumbe al interior de la galería auxiliar de desviación del río, que provocó un taponamiento de esta galería» añadió el informe.
Además que «desde el año 2013 se vieron deficiencias en la desviación de los túneles» y «la junta de asesoras consideró que” tales “deficiencias técnicas no eran válidas para este tipo de proyectos».
Además, el informe se refirió a las compuertas de cierre, «los atrasos en el cronograma del proyecto y las deficiencias en los estudios para las obras de desviación del Río Cauca por los túneles izquierdo y derecho y, llevaron a modificar las especificaciones de construcción de los sistemas de desviación,sin la instalación de los marcos y guías de las compuertas de cierre».
De igual manera, «el denominado “Plan de Aceleración” implementado por el constructor del proyecto no obtuvo los resultados esperados. Igualmente, la Junta de Asesores en su momento consideró que los riesgos técnicos asociados con la aceleración no eran aceptables para un proyecto de esta envergadura» dictó el informe.
El informe preliminar de la Contraloría también evidencia que «la alternativa inició sin estudios técnicos (…) se realizaron de manera posterior a la toma de la decisión» y que «el constructor continuó con el proyecto sin considerar las sugerencias dadas por la junta y el asesor contratado».
A esto se suma que «el 10 de mayo de 2018, la junta decidió dejar pasar el agua por la presa» y que según lo que corresponde «la casa de máquinas no está diseñada para actuar bajo condiciones de presión de agua”. Otras de las fallas que se menciona en el informe es que «no se evidencia que los depósitos de material se usaran» y «no estaban presupuestados los costos que demandaría la sostenibilidad del proyecto».
Respecto a la casa de máquinas, el informe dice que «es preciso resaltar que conforme a su diseño las turbinas a pesar de estar diseñadas para trabajar bajo presión, no estaban conectadas a las líneas de conducción y descarga que les permitiera realizar la función para la cual estaban diseñadas».
El ente regular especifica que «de acuerdo con la revisión documental de la información suministrada por EPM fue evidente la existencia de modificaciones contractuales, en las cuales se reconoció el pago de ítems nuevos informe preliminar de la Contraloría», también «se observa vulnerado el principio de planeación, garantía de una eficiente y eficaz inversión de los recursos, pudiéndose denotar además con ello el incumplimiento del principio de economía».
Como ya se había mencionado en informes anteriores, quedó una vez explícito por el informe que adelantó la Contraloría que «la junta advirtió que existían riesgos de ejecutarse estas obras de aceleración, no obstante, lo anterior, el constructor decidió iniciar estas obras, aún sin contar con la modificación a la licencia necesaria para su ejecución».
Por su parte, el vicecontralor, Ricardo Rodríguez, explicó que «nosotros lo que estamos tratando de construir es ver cómo fue el circuito de gestión alrededor del proyecto de infraestructura eléctrica más importante del país. Realmente hay dos elementos que están en revisión, uno es que el proyecto debió haber entrado como una promesa de valor».
«A hoy, hubo una afectación de cuatro billones de pesos por cuenta del proyecto de Hidroituango» reveló.