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Lo que se investigó
Está suficientemente demostrado que la campaña Petro Presidente tuvo ingresos o gastos que no fueron reportados y ello lo constituye una clara violación a la Ley. Los aportes de Fecode, la USO, el pago a testigos electorales, son las evidencias.
La rigurosa investigación adelantada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada decidieron presentar a la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) una ponencia en la que piden imputar al presidente Gustavo Petro y al gerente de su campaña en 2022, Ricardo Roa -actual presidente de Ecopetrol-, por posibles irregularidades en la financiación de la campaña que llevó al primer mandatario al poder deberá ser evaluada y votada por los 9 magistrados.
El proyecto reza: «Resolución por medio de la cual se abre investigación se formulan cargos contra los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de candidato presidencial; Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; el Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico.
Esta viene firmada por los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), quienes encontraron elementos que, en su criterio, deberían llevar a formular pliego de cargos por esas conductas que desde 2017 tienen alcances penales.
El primer dato relevante es que la violación de topes sería por 3 mil 709 millones 344 pesos y no por los 6.200 millones que se tenían inicialmente. De esa suma, 500 millones de pesos obedecen al aporte del sindicato de trabajadores de la educación Fecode, que voceros de la Colombia Humana han asegurado que se redireccionó a sus arcas.
En las cuentas de los magistrados investigadores, también se contabiliza un préstamo hecho por el Polo Democrático por otros 500 millones de pesos.
A esa cuenta le están sumando, además, el pago a testigos electorales por un valor de 931 millones 290 mil pesos.
Sobre este punto, la defensa de la campaña ha sido enfática en que esos pagos no se deberían considerar como gastos electorales por ser posteriores a la contienda.
El no registro de propaganda electoral es otro de los acápites de la investigación. En este punto se habla de haber omitido cuentas por 356 millones 102 mil pesos.
En la suma hay otros gastos menores, pero uno de los de mayor cuantía está relacionado con pago de servicio de transporte aéreo relacionado con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS) por 1.249 millones de pesos.
También se menciona un aporte del poderoso sindicato de la USO. Pero, contrario a lo que se ha venido indicando, se habla de 121 millones de pesos y no de 1.030 millones de pesos como lo aprobó el acta de ese sindicato.
