Por contratación irregular denuncian a funcionarios del ICBF del Magdalena

Leonardo Pérez Medina, director encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, de la Regional Magdalena y tres funcionarios más de dicha regional, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, por presunta comisión de delitos cometidos en la contratación para la atención de la primera infancia.

De acuerdo con la denuncia conocida instaurada por directivos de la Veeduría del Programa de Alimentación Escolar del ICBF, involucra al técnico jurídico Edgar Velázquez, Karen Diana Eguis Molina en su condición de coordinadora de Asistencia Técnica y al profesional universitario del Grupo Jurídico de la regional Ashfield Robinson.

Las personas antes mencionadas, habrían presuntamente incurrido en varias irregularidades al contratar de manera discrecional con fundaciones que no cumplen los requisitos, la atención a la primera infancia, desatendiendo circular emitida por la dirección nacional para la contratación de esos servicios.

Hace varios días, la Procuraduría abrió indagación preliminar en la regional Magdalena del ICBF por la presunta adjudicación de contratos a dedo por 42 mil millones de pesos, a raíz de denuncias divulgadas.

En la denuncia se afirma que, “en particular, el director de dicha regional, Pérez Medina, ha sido señalado por contratar de manera discrecional con fundaciones que no cumplen con los requisitos para contratar con el ICBF”.

Igualmente, advierte que estas decisiones comprometen más de cuarenta y dos mil millones de pesos. Esta denuncia busca poner en conocimiento del ente acusador la forma en que se llevó a cabo la contratación y cuestionar por qué Pérez Medina decidió ignorar la circular emitida por la dirección nacional para la contratación.

“Edgar Velázquez y Karen Diana Eguis Molina, con su vasta experiencia en la institución, establecieron contacto con los representantes legales de las fundaciones contratistas. Estos últimos, al escuchar las propuestas de Edgar Velázquez y Karen Eguiz Molina, no dudaron en aceptar y acordar la entrega de sobornos a cambio de mantener los contratos”, expresa en uno de sus aparte la denuncia.

Con base en lo anterior surgió un entramado, conformado por varios funcionarios de la regional y los representantes legales de las fundaciones.