¡Jueces, más jueces!

De las varias razones que se le achacan desde hace muchos años a la crisis de la justicia en Colombia, queremos destacar dos, que, si bien no resolverían sus problemas estructurales al obtenerlos, por lo menos mostrarían la voluntad del Estado en cambiar su falta de legitimidad y credibilidad de hoy, que son: la debilidad de sus recursos financieros y la deficiencia en el número de jueces y funcionarios que la administran.  Paradójicamente, desde la expedición en 1.996 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, los recursos con los que cuenta esta rama independiente del poder, no se han visto acompasados con la demanda del servicio, a pesar del mandato constitucional de que, entre sus fines esenciales está el de garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos y la protección de sus garantías y derechos establecidos en el ordenamiento jurídico.

Aun cuando arreglar la justicia no le sirve a determinada gente en Colombia, especialmente a quienes a través de los últimos años -de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo- han politizado descaradamente sus decisiones, menos a los que han  secuestrado con la corrupción los presupuestos oficiales, ni a quienes  han tenido a la violencia y el delito como bastiones de su comportamiento,  ya sabemos por trillado, que   la sociedad necesita de manera urgente una justicia fuerte, transparente, eficaz, que resuelva de manera rápida los conflictos sometidos a su consideración. Acompañamos en la intención del señor ministro de justicia de impulsar de manera resoluta una reforma de fondo en la organización de la administración de justicia, que le llegue de verdad a los actores sociales y se convierta de una vez por todas, en vector de la armonía y la convivencia social señaladas en el preámbulo de nuestra Carta Política. La primera gran meta de esa reforma debe ser incrementar de forma sustancial los rubros financieros de la rama, para mejorar los recursos humanos, físicos y tecnológicos.

Estudios y más estudios han concluido que la desprotección que el ciudadano siente, que el descuadernamiento y la desmoralización que la sociedad arrastra desde hace un par de décadas, se deben a la falta de justicia, que afecta a ricos y pobres, blancos y negros, eruditos e iletrados. Mirada de soslayo por gobiernos anteriores, no vemos entonces con malos ojos -como lo ve mucha gente desprovista de usureros intereses políticos- la idea de trasladar gran parte de la nómina de abogados, funcionarios, procuradores administrativos y judiciales, que conforman la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, a engrosar la nómina de jueces y fiscales de la rama judicial.  Se cubriría parcialmente el déficit que tenemos de 54 jueces por cada cien mil habitantes, -sólo tenemos 11 jueces en una media de 65 jueces por cada cien mil- según conocidos estudios de la OCDE.

Tal como se ha dicho en tertuliaderos,  foros, seminarios, congresos sobre el tema, con la medida se cumplen varios esperados propósitos: bajando el valor de la nómina se despolitiza en buena parte la Procuraduría General de la Nación, se utiliza de la mejor manera el recurso humano de esta entidad cuyos conceptos ni obligan ni son escuchados o siquiera leídos por los jueces y magistrados, se fortalece el recurso humano y físico de la rama judicial y  se materializa en parte el acceso a la administración de justicia de muchos ciudadanos que hoy la ven con desconfianza, en buena medida por los actos de corrupción que últimamente la rodean y por la morosidad en la resolución de los conflictos.  La Procuraduría General de la Nación maneja un apreciable presupuesto cercano a los seis billones de pesos, dedicados mayormente a las complacencias políticas.

El gobierno actual no debe bajar la guardia en el mejoramiento sustancial de la administración de justicia, volviéndola eficaz, sacándola de las garras de la corrupción y la politiquería, recuperándole a los jueces y magistrados, el halo de dignidad que les ha reconocido la historia.  El Congreso de la República debe asumir la valentía de reformarla.

*Abogado*Profesor universitario*Escritor