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La petición la hacen tras el llamado a juicio a su presidente
Los familiares de Valmore Locarno y Víctor Orcasita, sindicalistas de Drummond asesinados por el paramilitarismo en un crimen que salpica a la multinacional, le solicitaron al presidente Gustavo Petro revaluar la relación del estado colombiano con dicha minera.
Lo anterior, luego de que se confirmara el llamado a juicio contra el presidente actual de la compañía, José Miguel Linares, y otros exejecutivos por presunta financiación a los paramilitares, que a la postre fueron los que mataron a los sindicalistas mencionados previamente.
“Para las víctimas constituye una grave afrenta, que el señor José Miguel Linares, siga presidiendo una empresa que tiene un contrato millonario con el estado. Pero más grave aún, que el Estado Colombiano siga manteniendo una relación contractual con una empresa acusada de financiar grupos terroristas” señala la carta divulgada por La W.
De hecho, dentro de las consideraciones para hacer tamaña solicitud, los familiares de los sindicalistas trajeron a colación las recientes declaraciones del exjefe de las Autodefensas, Salvatore Mancuso, ante la JEP (las cuales han sido valoradas positivamente por el presidente Petro). Mancuso en ellas reiteró que la lista de nombres de sindicalistas que le fueron entregados a las Autodefensas para asesinarlos fue allegada directamente desde adentro de Drummond.
“También habló de la reunión del americano James Adkin, jefe de seguridad de la empresa, con ‘Jorge 40′, comandante del Bloque Norte. A su vez, le dijo al país que fue la carbonera la que entregó la lista con los nombres de los cuatro sindicalistas asesinados, lo que convierte a sus directivos en determinadores de los homicidios de nuestros familiares” expresaron.
En la comunicación lamentaron además que a su juicio la justicia “no ha cumplido con su obligación de brindar verdad y reparación”. Para las familias de Locarno y Orcasita el estado “no puede seguir sosteniendo una relación contractual con una empresa que va a enfrentar un juicio criminal por financiar un grupo terrorista y cuyos directivos deben ser investigados por la muerte de nuestros padres, hermanos y esposos”.