La Rama Judicial es presionada por los paramilitares

El Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta se pronunció sobre los hostigamientos de los que está siendo víctima el juez Henry Ortiz, así como otros dos togados más, perseguidos por el crimen organizado. Quienes también están sufriendo las amenazas son los asistentes y colaboradores de los juzgados.   

El caso de Henry Hernando Ortiz Portillo, juez Cuarto Penal del Circuito Especializado Itinerante en la ciudad, amenazado en 18 oportunidades por sujetos que se identifican como miembros del Clan del Golfo, el mismo que el pasado siete de marzo fue sorprendido por un presunto paramilitar en una audiencia virtual, y que muy a pesar de la gravedad de los hechos la Unidad Nacional de Protección (UNP) no lo atiende, motivó el pronunciamiento del doctor Alberto Rodríguez Akle, presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.

El magistrado en nombre de la Sala Penal de este organismo colegiado, expresó su profundo rechazo por las instigaciones y presiones de la que es víctima Ortiz, las cuales están ligadas al ejercicio del funcionario con ocasión de los trámites judiciales que tiene bajo su conocimiento.

“Por actitudes como esta no pueden tolerarse en nuestro Estado social de derecho, ya que en el pensamiento del legislador constitucional no tiene cabida, bajo ningún punto de vista, conductas que fragmenten el orden jurídico, y desde luego en el inquebrantable espíritu de la sociedad que en ultimas es a quien protegemos, y con ello cumplir el noble propósito de cultivar y mantener una convivencia pacífica y vida digna tal como emerge del preámbulo de nuestra Carta Política”, subrayó Rodríguez.

El presidente del Tribunal también dejó de manifiesto que, “toda amenaza contra la vida de un juez de la República trasciende a la Rama Judicial y a quienes tenemos el sagrado deber de administrar justicia en este país. Exigimos de parte de las autoridades competentes una pronta y efectiva actuación, conforme al marco normativo de sus funciones, a efectos de que se salvaguarde la integridad física y demás derechos fundamentales de este funcionario judicial y de su familia”.

En este mismo sentido, la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), indicó que no sólo los administradores de justica están en alto grado de vulnerabilidad por el ejercicio de sus funciones, sino también los asistentes  y otros colaboradores de los despachos que logran tener inferencia en la construcción de los expedientes de sujetos que terminan condenados. En el Magdalena además de Ortiz Portillo, hay dos jueces más que son perseguidos por las estructuras paramilitares.

“No nos podemos olvidar de que, si bien los funcionarios son las caras de los juzgados, hay empleados que sustancian y proyectan fallos que en últimas son revisados. Estas personas también están siendo acosadas y amenazada”, dijo Vinicio Pizarro presidente de Asonal en el departamento.

Pizarro señaló que este fin de semana habrá en Bogotá una reunión con delegados del Ministerio de Justicia y uno de los temas que conforma la agenda es la urgente necesidad de los afectados y sus familias de contar con la protección de la UNP.

“Sinceramente les digo que es muy escasa la protección que ellos tienen. Es muy escasa la UNP, es muy demorada para tomar esas decisiones, pero se está tratando de hacer lo más que se pueda. El resguardo está siendo solventado de manera muy somera por esta unidad, porque se está haciendo el análisis o estudio de esa situación logística”, concluyó Pizarro.