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Continúa el debate por la prórroga del contrato actual a los contratistas de Hidroituango. La semana pasada, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que ya se había llegado a un acuerdo con los actuales contratistas constructores del megaproyecto, sin embargo, el representante legal del Consorcio, Santiago García, manifestó que dicho trato es falso y explicó que no han sostenido nuevas reuniones con EPM.
Así se ha mantenido, hasta ahora, el lío con uno de los proyectos energéticos más importantes para el país. En ese sentido, diferentes actores del espectro económico y político se han referido al tema. Germán Vargas Lleras es uno de ellos, y en su reciente columna publicada en el diario El Tiempo, aseguró que para que este proyecto clave se lleve a cabo, tal y como está pactado, no se debería iniciar ningún proceso licitatorio para la búsqueda de un nuevo contratista, pues según el político, «ello implicaría por lo menos un retraso adicional de un año».
Según Vargas Lleras, «si a 31 de diciembre el fallo de la Contraloría no hubiera quedado en firme, lo que corresponde al gerente de EPM es prorrogar por una vez más los contratos actuales y asegurarse de que las obras civiles terminen en junio y diciembre de 2022 para las dos primeras unidades. Y si ese fallo estuviera en firme, la solución sería permitir que el contrato sea cedido a una compañía que, aunque relacionada con el consorcio, no esté involucrada directamente en el fallo de responsabilidad fiscal».
Como ya es de conocimiento público, y tal y como lo reseñó el excandidato presidencial, el daño que podría generar este rifirrafe no es solo para EPM, sino, en gran medida, para la seguridad eléctrica del país. Por un lado, en EPM podría haber una catástrofe empresarial, pues el incumplimiento de las obligaciones generaría sanciones, exigencias de garantías y pérdidas de energía que se estima ronden los US$1.200 millones.
En cuanto a la seguridad energética, Vargas Lleras resalta que aunque las intensas lluvias tienen a tope los embalses y por lo tanto se cuenta con importante energía disponible y un apagón se ha determinado, por todos los actores del sistema, que está descartado, lo cierto es que una posible falla eléctrica en alguna central de las existentes pueda generar un apagón como el de 2015. Además, ya se empieza a estimar que esa disminución en las reservas de energía podría llevar a pagar un costo mucho más alto en los precios de la energía.
El riesgo también puede permear hasta las comunidades, pues según el político, algunos municipios como Valdivia, Cáceres, Tarazá y Caucasia estarían en riesgo de desaparecer si falla la estructura del vertedero de la presa.
Frente a este panorama, Vargas afirma en su columna que «lo que tiene que primar es el pragmatismo y la sensatez (…) es obligación de todos los involucrados aportar soluciones. Ya lo señaló el presidente Duque cuando afirmó que no se puede poner en riesgo la ejecución del proyecto y que no se puede seguir improvisando»./Colprensa