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Defensores de DD.HH. y líderes sociales en riesgo
ALERTA LA DEFENSORÍA
Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
De acuerdo con el Defensor el riesgo es extremo en 120 municipios.
En el país se registraron 593 homicidios entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, es decir, un promedio de 15 víctimas por mes, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ante la comunidad internacional durante la presentación de la alerta temprana nacional de riesgo sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos.
En el mapa nacional de riesgos analizado por la entidad se identificaron riesgos en 706 municipios y 16 áreas no municipalizadas de 32 departamentos, es decir, en las dos terceras partes del territorio nacional; de acuerdo con Camargo, “el riesgo es extremo en 120 municipios; alto en 258; medio en 203 municipios, y bajo en otros 125”.
“Reiteramos nuestro llamado para proteger la vida e integridad de todas estas personas, sobre todo por la violencia sostenida en contra de quienes hacen parte de los sectores comunal, indígena, comunitario, campesino o agrario y afrodescendiente, los más golpeados por la violencia, con el 79% del total de homicidios”, dijo Camargo Assis.
Según el informe presentado por la Defensoría, del total de 593 víctimas, 519 eran hombres y 74 mujeres. Además, entre septiembre a diciembre de 2019 ocurrieron 51 homicidios; 182, en 2020; 145, en 2021; y 215, en 2022.
Al revisar los sitios donde ocurrieron los crímenes, el 52.6% los cometieron en 46 municipios de 14 departamentos (Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Huila, Magdalena, Arauca, Caquetá, Chocó, Bolívar, Córdoba, Guaviare) y en Bogotá.
Además, la entidad registró un total de 2.974 conductas vulneratorias, de estas conductas, 2.851 fueron contra personas y 123 contra organizaciones y colectivos sociales y de derechos humanos.
También se evidenciaron estas conductas contra servidores públicos con labores de defensa de los derechos humanos, como funcionarios de la Defensoría del Pueblo y personeros, entre otros; además, activistas en derechos humanos, de defensa de los derechos de las mujeres, sindicales, líderes ambientales y gestores de paz.
Por lo anterior “entregamos 70 recomendaciones que contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta y responsables principales con las que pretendemos impactar en la acción estatal, de cara a la mitigación o disuasión del riesgo Defensoría del Pueblo”, concluyó Carlos Camargo.
