Bailar con la muerte 

El país recibió de manera positiva el anuncio del presidente Gustavo Petro de no insistir en eliminar las Entidades Promotoras de Salud, EPS.

Se señaló que las mantendrán, pero que deben transformarse. Dado que no es claro el alcance de lo comunicado ni se conoce el proyecto de ley que aspira a reformar el sistema de salud, es entendible la cautela con la que muchos aprecian lo divulgado, más conociendo la intransigencia de la Ministra.

La memoria es frágil y selectiva, y más en política. Hace 30 años, cuando se sancionó la Ley 100 de 1993, que dio vida al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 24% de la población tenía cobertura, hoy el 99%. En esa época el 4% del quintil más bajo estaba cubierto, hoy el 89%; era mayor, pero la migración venezolana sin identificación fue una barrera de acceso. Una revolución cuyos mayores beneficiados han sido los más pobres.

Es así como en 2020 se realizaron 797 millones de atenciones. Ello, gracias a un sistema de EPS e IPS, públicas y privadas, responsables de administrar, garantizar y prestar los servicios de salud a través de una red de 63.000 instituciones. Es gratificante ver a ricos y pobres, por igual, ser atendidos en las mejores clínicas y por los mejores médicos y especialistas, y tener acceso a al 97% de los medicamentos. Un salto monumental en equidad social.

No en vano el propio Ministerio de Salud señala que 82% de los usuarios recomendaría su EPS. De acuerdo con una reciente encuesta de Invamer Gallup, el 86% de los afiliados al régimen subsidiado -los más pobres- y el 85% del contributivo consideran excelente y aceptable la gestión del sistema mientras el 12% y 14% respetivamente, lo consideran malo; solo 3 de cada 1,000 personas que accede a la salud interpone una tutela.

Lo anterior no significa que el sistema sea perfecto: se requiere más personal de salud, llegar a todos los municipios, definir modelos de atención especializada en las regiones apartadas, agilizar las citas y la atención, controlar mejor las solicitudes de exámenes para optimizar los recursos, sancionar a los agentes que no cumplan con su deber, y sí, reorganizar y fortalecer el sistema de atención primari, lo relevante de la propuesta del Gobierno.

Pero para lograr esos cambios, no es necesario hacer trizas el sistema ni acabar con las EPS. No se necesita estatizar el sistema de salud y regresar al nefasto modelo del Seguro Social, politizado y corrupto. El actual sistema, en el que concurren actores públicos y privados, requiriendo de ajustes, ha dado buenos resultados. Es la vida de las personas, de niños, jóvenes, adultos y viejos, la que está en juego y con eso no se juega.

De ahí que el anuncio gubernamental haya tenido buen recibo. Inquieta que se trate de una cortina de humo para apocar la marcha contra la reforma prevista para el 15 de febrero, más cuando la imagen del Gobierno se deteriora. Preocuparía que así sea, más cuando a las EPS se les debe 2,6 billones de pesos del 2022; ojalá el no pago no sea para forzar liquidaciones de manera injusta, quitándole luego a los usuarios la opción de elegir su EPS.

Colombia tiene miles de problemas como para inventarse otro sin ninguna necesidad. El país espera que el Gobierno proceda en consecuencia con lo anunciado, no por temor a que se hunda la reforma sino, porque es lo razonable. El Presidente, el Congreso y los partidos están llamados a pasar a la historia como los gestores de un mejor sistema de salud a partir del existente, que ha probado ser exitoso. De ellos depende que así sea o si condenan a cincuenta millones de colombianos a bailar con la muerte, sin esperanza.

*Exministro de Estado