Al derecho

Por fin, la Corte Penal Internacional (CPI) resolvió abrir una investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela con ocasión de las manifestaciones que tuvieron lugar en el año 2017, cuando se estima que hubo más de 100 muertos. La decisión del fiscal de origen británico Karim Khan, fue la de pasar de la fase uno a la fase dos, o sea, del ‘examen preliminar’ a una investigación formal. Según José Manuel Vivanco esta sería la primera que se realiza en América Latina por parte de la CPI.

Recordemos que la CPI está contemplada en el Estatuto de Roma. Desde junio de 2004 se abrió un ‘examen preliminar’ contra Colombia, que fue el que después de 17 años el Fiscal cerró, sin que ello implique que la CPI se desentiende totalmente de la situación colombiana.

Es el reconocimiento de que tanto la JEP, que preside Eduardo Cifuentes, como la Fiscalía General, que dirige Francisco Barbosa, han venido realizando apropiadamente su tarea y que en consecuencia, el papel que venía cumpliendo la CPI es innecesario a no ser que surjan circunstancias que acrediten lo contrario.

Es el tema de la complementariedad que la CPI cumple cuando un Estado no satisface los requisitos y las investigaciones por delitos que son de la jurisdicción de la CPI no se están adelantando con eficacia. Esos delitos son el de genocidio, el de crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Hay también ambientales, pero de ellos no se habla, no obstante la vigencia cada vez mayor que ellos tienen en el mundo.

Conviene recordar que la CPI ha tenido una trayectoria difícil y, en ocasiones, muy criticada. Tiene limitaciones presupuestales y no ha sido fácil lograr la independencia que las acciones judiciales exigen en temas que son, por su naturaleza, eminentemente políticos, dada su enorme significación y la calidad de las personalidades comprometidas.

Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la CPI y el presidente Trump adoptó decisiones muy duras contra la Fiscal anterior y otros funcionarios por decisiones que consideró inaceptables. Otro indicador de la difícil tarea de la CPI.

La decisión que tomó el fiscal Khan en Venezuela no fue compartida, como era de esperarse, por el presidente Maduro y su gobierno aunque sí por la oposición dirigida por Guaidó. Con todo, se aprobó un memorándum de colaboración o de entendimiento que muestra muy bien tanto las dificultades que se han venido señalando, como la buena voluntad de ambas partes para que la razón de ser de la CPI en la defensa de Derechos Humanos fundamentales tenga cabal cumplimiento.

Es una decisión que, dada la simultaneidad, le hace justicia a Colombia porque reconoce nuestra tradición jurídica, nuestro acatamiento de tratados internacionales y nuestro compromiso con la preservación del respeto a los Derechos Humanos. Aquí se obró al derecho y no al revés.

Y en una materia tan delicada, pues apenas normal que se expresen críticas y desacuerdos. Pero me parece que las decisiones del Fiscal en los dos casos han sido muy apropiadas.

Así las cosas, la CPI se está moviendo entre la complementariedad negativa y la positiva. Hay que entender que una reapertura de un ‘examen preliminar’ sobre Colombia o una investigación formal constituirían un deplorable juicio sobre nuestra tradición jurídica.

*Exministro de Estado