Noticias de Santa Marta, el Magdalena, y el mundo!
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reiteró el miércoles su rechazo frontal a una mediación con el presidente catalán Carles Puigdemont, al que exigió oficialmente que aclare si la víspera proclamó la independencia.
El líder conservador informó al Congreso de los Diputados que el gobierno acordó pedir ese «requerimiento», primer paso para una eventual suspensión de la autonomía de Cataluña, según estipula el Artículo 155 de la Constitución.
Rajoy precisó que Puigdemont tiene hasta el lunes para responder al requerimiento acerca de si declaró la independencia. Y si informa que lo ha hecho, hasta el jueves 19 para rectificar, precisó.
En caso de que incumpla los plazos, o su respuesta no satisfaga al gobierno de Mariano Rajoy, este empezará a tomar medidas concretas bajo el Artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión total o parcial de la autonomía de una región.
En su comparecencia ante el Congreso, Rajoy reiteró que no acepta mediaciones -«no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia»-, el día que Puigdemont, en una entrevista con la televisión estadounidense CNN, reiteró su llamamiento al diálogo y la demanda de designación de un mediador.
El socialista Pedro Sánchez, líder de la oposición, había dado previamente su apoyo a Rajoy y anunciado que había acordado con él abrir el debate sobre la reforma de la Constitución, precisando que permitiría hablar de «cómo Cataluña se queda en España, y no de cómo se va».
RESPALDO
Además, Madrid ha recibido en las últimas horas el apoyo de los gobiernos de Italia, Francia, Alemania, México y Colombia.
El sentimiento independentista en Cataluña ha crecido exponencialmente desde la crisis económica mundial de 2008 y el recorte parcial en 2010 por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que le daba más autonomía.
El 1 de octubre, se celebró un referéndum declarado inconstitucional en el que más del 90% de los votos fueron a favor de la independencia, con una participación del 43%, aunque los sondeos y los resultados de las elecciones autonómicas señalan una división casi a partes iguales en la sociedad catalana.
En lo que sí coinciden los catalanes -80% según los sondeos- es en pedir un referéndum pactado sobre la autodeterminación.
El martes, en el parlamento regional, el presidente catalán Carles Puigdemont dejó en suspenso una declaración de independencia sin llegar a formularla explícitamente, creando una gran confusión.
El desconcierto fue aún mayor cuando, terminado el pleno, los 72 diputados independentistas firmaron una declaración de independencia en la que como «representantes de Cataluña» constituyen «la República catalana como Estado independiente y soberano».
El valor de este documento «es simbólico», aclaró este jueves el portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull.
España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.
Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis, el Artículo 155, que nunca se ha aplicado plenamente.
Este dice que, si una región «no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes (…), el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido (…) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones».
Si Rajoy decide ir más allá del requerimiento, necesitará el apoyo de la mayoría absoluta del Senado, y su Partido Popular dispone de ella.
Sin embargo, en el Congreso de los Diputados, donde no la tiene, este miércoles se oyeron reproches a su gestión de la crisis.
«Deje de romper España», le reprochó Pablo Iglesias, líder del partido de izquierdas Podemos, que le reclamó diálogo con el gobierno catalán.
La intervención de Puigdemont en el parlamento hizo pasar de la euforia a la decepción a los miles de independentistas que siguieron el discurso en pantallas gigantes por toda Cataluña.
«Asumo, al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes, el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente», afirmó, para decir, acto seguido: «Con la misma solemnidad, el gobierno y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración» para facilitar el diálogo.
Desde la consulta del 1 de octubre, el ejecutivo catalán ha recibido una fuerte presión tanto del gobierno español, como del empresariado, con el traslado de sede de numerosas.
Puertas adentro, los más radicales del arco parlamentario independentista (la formación de extrema izquierda CUP, cuyos 10 diputados regionales son vitales para el gobierno de Puigdemont) querían aprovechar este resultado para declarar unilateralmente la independencia.