Daños de la vía al Llano es responsabilidad de autoridades locales y ambientales

Ante las problemáticas presentadas en los últimos días en corredores viales como Bogotá-Villavicencio, la autopista Bogotá-Medellín o la carretera que conduce de la capital del país a Anapoima, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, aseguró que las gobernaciones, las alcaldías municipales, las corporaciones regionales y las autoridades ambientales, son los principales responsables de estas situaciones al no ejercer controles adecuados de cara a la deforestación, el cambio climático y el uso del suelo, elementos que están incidiendo de forma directa sobre los deslizamientos de tierra y la afectación de los materiales en las vías.

“Las autoridades locales son, justamente, las encargadas de ejercer controles para mitigar los efectos del cambio climático y la deforestación, pero poco o nada están haciendo para contener dichos fenómenos que, hoy más que nunca, están contribuyendo a exacerbar los derrumbes en las carreteras del país cuyas condiciones topográficas son enormemente complejas”, expresó Caicedo Ferrer.

El dirigente gremial destacó que hay un mal uso del suelo que se viene dando en las áreas de influencia de las carreteras nacionales y advirtió que este asunto es otro de los tantos factores generadores de riesgos de derrumbes en áreas montañosas.

“Hay zonas que son rurales y de la nada las vuelven agroindustriales sin ningún tipo de estudio. Así se evidencia, por ejemplo, en Quetame y Guayabetal en donde existen una gran cantidad de terrenos dedicados a la ganadería o a la agricultura, en zonas de alto riesgo, sin contar con estudios responsables o con el aval de las autoridades ambientales, debida y técnicamente fundamentado. Al final del día, esos malos manejos del suelo son, precisamente, los que terminan debilitando las montañas y ocasionando los derrumbes que hoy estamos padeciendo”, explicó el presidente de la CCI.

Tal panorama, según Caicedo Ferrer, denota que los Planes de Ordenamiento Territoriales (POT) deben ser revisados con “lupa” para modificar aquellos boquetes que está permitiendo cambios en el uso del suelo, los cuales han abierto la posibilidad de deforestar y adaptar terrenos para iniciar actividades agroindustriales, que en su mirada, no tienen ningún tipo de control por parte de las autoridades locales.

“La gran mayoría de las construcciones que están a lo largo de las carreteras carecen de la respectiva licencia. Son ilegales. En eso hay que tomar una decisión: legalizarlas como es debido, pero ese paso debe estar supeditado a la debida vigilancia sobre los vertimientos de agua, a fin de que no haya afectaciones en las carreteras. De otro lado, si continúan las actividades agroindustriales sin ningún tipo de control y siguen proliferando construcciones ilegales sobre los márgenes de las carreteras, será imposible detener el fenómeno que hoy estamos evidenciando en algunas de nuestras vías estratégicas para la competitividad nacional», agregó el dirigente gremial.

PÉRDIDAS

Entre tanto, y frente al cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, el gremio de transportadores de carga continúa reportando pérdidas diarias que, a hoy, después de 36 días, suman 34.200 millones de pesos.

A la par y ante el anuncio de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, sobre el cierre del corredor vial durante tres meses, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) indicó que durante ese tiempo se proyectan pérdidas cercanas a los 100 mil millones de pesos.

“Esta situación nos preocupa ya que aún es incierto si el cierre será durante dicho tiempo o se extenderá en caso de que las condiciones climáticas no permitan la normalización del estado del corredor logístico. Lamentamos que una vía de vital importancia para la economía del país, que lleva en construcción más de 25 años no se haya intervenido de tiempo atrás como se está haciendo ahora; esperamos que sean soluciones de fondo” indicó el presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez Muñoz.

Con lo anterior, el Gobierno Nacional ha dispuesto dos vías alternas, la vía Bogotá-Sogamoso-Tunja-Pajarito-Aguazul-Villanueva-Villavicencio (Ruta 1) y la segunda vía Bogotá-Guateque-El Secreto-Villavicencio (Ruta 2 por el Sisga).

La vía afectada cuenta con 4 estaciones de peajes y 123 kilómetros, mientras que el corredor Sogamoso posee 591 kilómetros con 7 peajes, finalmente para la segunda ruta (Sisga) el recorrido es de 362 kilómetros y 5 peajes.

BOGOTÁ (Colprensa).