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Procuraduría investiga contratos irregulares por $42 mil millones
La oficina regional de esa entidad presuntamente habría desconocido las instrucciones impartidas desde la Dirección General del ICBF para la contratación de servicios de educación básica destinados a la primera infancia en Hogares Comunitarios de Bienestar.
La Regional Magdalena del Bienestar habría adjudicado los contratos sin mediar proceso de licitación adecuado.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación sobre presuntas irregularidades en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) del departamento del Magdalena. Esta investigación se centra en el posible direccionamiento de contratos por un total de $42.000 millones, lo que ha generado preocupación en la opinión pública y en las autoridades encargadas de garantizar la transparencia en la contratación pública.
De acuerdo con la denuncia conocida por el Ministerio Público y difundida por medios de comunicación, la oficina regional de esa entidad habría desconocido las instrucciones impartidas desde la Dirección General del ICBF para contratar los servicios de educación básica a la primera infancia de Hogares Comunitarios de Bienestar, en donde se establece que dichos contratos deben hacerse con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos.
El equipo directivo de esa regional habría adjudicado más de $42.290.000.000 a las mismas fundaciones que vienen operando este servicio desde hace mucho tiempo, a pesar de que las asociaciones de grupos étnicos en la región, (Organizaciones Indígenas, asociaciones de padres y madres usuarias del servicio o madres comunitarias) se encontraban debidamente legalizados para contratar.
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría están el listado de contratos entregados de manera directa por el equipo directivo regional, así como un informe en el que se determinen los funcionarios que han participado en dichos procesos de contratación durante la administración actual.
La apertura de esta indagación por parte de la Procuraduría refleja el compromiso de las autoridades colombianas con la lucha contra la corrupción y el mal uso de los recursos estatales. Se espera que este proceso investigativo arroje luz sobre los hechos ocurridos y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la legalidad en la contratación pública, así como para sancionar a los responsables, de ser hallados culpables.
