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Indígenas arhuacos en Cesar rechazan presencia militar en sus territorios

POR:
NINOSKA
REYES URDANETA 

En estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, una difícil situación están viviendo los miembros de las comunidades indígenas arhuacas, en jurisdicción del Cesar, por la presencia de tropas del Ejército Nacional que generan incertidumbre y zozobra, según el testimonio de los indígenas. 

La denuncia fue formulada por miembros del resguardo indígena Businchama, desde donde están inconformes con la presencia de los militares que hacen tareas tácticas en la zona.

Edilia Dominga Alfaro Torres, lideresa de la comunidad arhuaca, dijo que todo obedecería a determinaciones de un sector distinto al del gobierno tradicional del pueblo arhuaco.

“Quieren obligar que se acepte a un cabildo gobernador que la comunidad no ha elegido, no es reconocido. Queremos que esto se haga público, porque lo consideramos un atropello desde hace un año y medio”, dijo.

Destacó que este hecho genera intimidación en el territorio, por eso pide que se haga efectiva la unidad del pueblo arhuaco, para permanecer en paz y armonía, valores que se están promoviendo con la intervención de los entes de control.

“Los militares llegan y dicen que los envían para intervenir ante cualquier situación y nosotros no estamos acostumbrados a enfrentarnos a ninguna ley, porque no somos terroristas”, afirmó la lideresa.

En atención al mensaje de suspensión de la Audiencia Pública para el mes de enero de 2022, transmitido por la delegación de la Corte Constitucional, el Pueblo Arhuaco en consenso, se declaró en Asamblea Permanente para abordar temas de interés general de las comunidades de todo el territorio ancestral en comisiones de gobierno propio, sistema de justicia, educación intercultural, jóvenes y mujer, familia y generación.

Tampoco reconocen como Cabildos Gobernadores a Danilo Villafaña Torres en el Resguardo Kogui-MalayoArhuaco, a Rogelio Torres Torres, en el Resguardo de Sierra Nevada, y a Iván de Jesús Torres Torres en el Resguardo de Businchama, que ordenó posesionar y registrar la Corte Constitucional mediante Auto del 27 de octubre de 2021.

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