Procuraduría tiene 2007 investigaciones por homicidio en persona protegida

A los 111 expedientes disciplinarios que tiene la Procuraduría en contra de militares aparentemente responsables de ejecuciones extrajudiciales hay que sumar los 2007 procesos en contra de uniformados que aún siguen en las filas y que son investigados por homicidio en persona protegida. Esta es la nueva revelación del informe del Ministerio Público sobre los procesos que se siguen en contra de miembros de las Fuerzas Militares.

La mayoría de los implicados son soldados profesionales y soldados. De los primeros hay 609 casos (30 %) y de los segundos 444 (22 %). Vale precisar que la cantidad de expedientes no hacen referencia a igual número de casos de homicidios, pues en la mayoría por un mismo hecho son varios los uniformados investigados.

Por ejemplo, hay cinco soldados profesionales investigados disciplinariamente en el caso de la muerte de María Graciela Santamaría Galeano, ocurrida 29 de mayo de 2005 en la vereda Los Medios, jurisdicción del municipio de Granada, Antioquia. Según el expediente penal por el que los soldados fueron sentenciados, los militares involucrados hacían parte de la unidad contraguerrilla Bombarda 2, adscritos al Batallón de Artillería N4, de la Cuarta Brigada del Ejército.

Reposa en el expediente que el día anterior al crimen la mujer fue sacada de su casa por los militares, quienes la acusaban de ser guerrillera. Al día siguiente del hecho, Santamaría Galeano fue reportada como dada de baja en combate, presuntamente, tras un enfrentamiento en la vereda El Roblal, del mismo municipio.

Por estos hechos, los soldados Carlos Edilson Jacome Álvarez, Robinson Alexander Giraldo Manco, Bladimir Vital Arroyo, Lázaro Antonio Monsalve Rojas y Horacio Fernando Misas Echavarría fueron condenados en calidad de coautores del homicidio de la mujer que, de acuerdo a sus allegados, se dedicaba a las labores del campo. La pena fue de 40 años y fue impuesta el 7 de diciembre de 2010 por la justicia penal.

Otro caso con varios implicados es el que investiga la muerte de Juan Marín y Pedro Rengifo, perpetrada en una vereda conocida con el nombre de Cuture, en Caucasia. Entre los siete implicados figura un sargento viceprimero y un cabo segundo. El expediente aún permanece activo a la espera de un fallo por cuenta de la Procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos.

Esta delegada es la que tiene la mayor cantidad de procesos de esta naturaleza. El 93 % de los procesos, es decir, 1862, están en su despacho a la espera de una decisión, conforme se desprende del documento del Ministerio Público.

Los demás procesos están repartidos en despachos de procuradurías regionales tales como la de Bogotá, Rionegro, Santander, Antioquia, Puerto Berrío, Norte de Santander y Valledupar, entre otras. También hay expedientes que están a cargo del viceprocurador general y de la Delegada ante el Consejo de Estado.

OFICIALES IMPLICADOS

En el informe de la Procuraduría sobre la cantidad de uniformados de la Fuerza Pública que son investigados por el órgano de control disciplinario se precisa que hay 3570 expedientes en curso. Es decir, que el homicidio en persona protegida es el delito que más casos tiene con 2007 procesos, como ya se mencionó, lo que equivale al 56 %.

Sin embargo, llama la atención que en un aparte del documento no se indique el rango del militar que está siendo procesado. En 109 pleitos disciplinarios se menciona que el presunto responsables es “miembro de la fuerza pública”; y en 33 casos la casilla ‘Cargo’ fue diligenciada bajo la categoría ‘Por determinar’.

De igual modo, en 1776 casos se dice que el involucrado es integrante del Ejército, pero sin especificar la unidad a la que pertenece.

Lo que sí indica el documento del Ministerio Público es que hay 25 mayores, 15 tenientes coroneles, 39 capitanes y 59 tenientes en líos disciplinarios por estos hechos.

En el caso de los tenientes se investigan, por ejemplo, las muertes de Rafael Fabio Berrocal Solera, Wilder Fabian Hurtado, Cristo Humberto Jacome, Jhon Alejandro Rave Montoya, Jhon David Mejía Mejía y José Henry Foronda, entre otros. La mayoría de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas o eran campesinos, de acuerdo se documenta en los sumarios.

Los siete coroneles que tiene en la mira la Procuraduría están involucrados en 13 muertes, pero hay seis de un mismo caso. Es el recordado hecho perpetrado en Mata Grande, una vereda del Vichada en la que fueron masacrados los labriegos a quienes se les acusaba de hacer parte de la guerrilla. El hecho data de 2006.

EN SANTANDER, EL CASO CON MÁS INVESTIGADOS.

El caso con más militares enredados es la investigación para esclarecer la responsabilidad disciplinaria de 33 soldados, dos cabos terceros y un sargento segundo, quienes serían los supuestos responsables de los crímenes de Juan de Dios Hernández Escobar y su cuñado Adrián Lara Villamizar.

El proceso penal señala que el 12 de septiembre de 2006 ambos fueron sacados de la finca El Boquerón, ubicada en el municipio de San Andrés, Santander, por militares del Batallón de Ingenieros No. 5 que ingresaron sin permiso a la hacienda. De allí fueron llevados a una finca llamada El Zumbador.

De acuerdo con los testigos, se escucharon varios disparos que acabaron con la vida de Hernández Escobar y de Lara Villamizar. Según la Fiscalía, “los militares simularon un combate en el cual en supuesto se dieron de baja a dos narcotraficantes integrantes de bandas delincuenciales emergentes, cuando en realidad eran indefensos campesinos”.

BOGOTÁ (Colprensa).