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El Gobierno Santos ha tenido enormes dificultades para la implementación del Acuerdo de Paz, hasta el punto de considerarse que el Gobierno Duque está recibiendo un proceso en crisis, tal como le ocurrió en 1986 al Gobierno Barco. Dos procesos bien diferentes, en verdad.
Para comenzar, la Justicia Transicional, tan importante, tan original, ha sufrido contratiempos innecesarios que la han debilitado ante la opinión ciudadana. Por fortuna, está en vía de recuperarse.
Los dos jefes de la negociación, Humberto de la Calle e Iván Márquez, no están en la mejor situación. El primero obtuvo una votación paupérrima en la primera vuelta. Y el segundo ‘huyó’ para protegerse, dicen que en el Vaupés. ¿Acaso algo que ayuda a fortalecer el Acuerdo? Y ‘Santrich’, según afirman, el duro de la negociación, está preso por cuenta de circular roja de Interpol a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos, por tráfico de drogas, conducta criminal posterior a la firma del Acuerdo. ¿Acaso algo que fortalece el Acuerdo? Y ¿si existen otras solicitudes en curso?
El propio Presidente Santos habla de un “incentivo perverso” que, como resultado de lo acordado con las Farc en materia de lucha contra las drogas, dio lugar a la existencia de más de 200.000 hectáreas de coca. Cifra que no tiene antecedentes, que echa por el suelo el justamente alabado éxito del Plan Colombia y que, además, enciende todas las alarmas porque es bien sabido que el negocio criminal de las drogas ilícitas es el factor que ha alimentado y fortalecido los grupos organizados violentos. Circunstancia gravísima que sirve de fundamento a informes y versiones que hablan de una reconfiguración de las Farc, esta vez con cabecillas más jóvenes. ¡¡¡Horror!!! Aparte del enorme daño ambiental que semejante cantidad de hectáreas produce en materia de destrucción de bosques y contaminación de ríos. Una catástrofe. Y ni hablar sobre el impacto en la agenda de nuestra política exterior, en particular, la bilateral con los Estados Unidos.
Y esta vez no hay diez mil millones de dólares para confrontar este enorme flagelo.
Existen reformas constitucionales, leyes y decretos que deben materializarse en programas y acciones. Y todavía faltan varios que debieran tramitarse, por ejemplo, las circunscripciones de paz, el tema del catastro rural.
Realmente una tarea gigantesca. La Administración Duque ha dicho que introducirá ajustes pero que no hará trizas el Acuerdo.
Y para que la Paz sea completa se requiere, además, proteger a los desmovilizados y a los líderes sociales; lograr una negociación exitosa con el ELN siempre esquivo y difícil; otra con el EPL y con las Bacrim y otros grupos organizados armados.
Y ahí están las fronteras (con Venezuela, Ecuador, Perú, el Pacífico), convertidas en lo que podría denominarse ‘conflictos híbridos’, una convergencia de todo tipo de amenazas reales (guerrillas, narcos, carteles mexicanos, violadores de derechos humanos, contrabando, tráfico de personas, tráfico de armas, etc.).
Corregir, implementar, ampliar y reconstruir el consenso nacional en torno de la Paz. Puede resultar paradójico que esta asignatura pendiente, tan compleja, tan urgente, tan necesaria para el presente y futuro de Colombia le corresponda a una persona y a un partido político que fue contradictor del Proceso de Paz y que sus principales responsables hayan votado por el ‘No’ en el plebiscito.
¡¡¡Si solamente fuera esto!!!
*ExMinistro de Estado