Inseguridad pública-vigilancia privada

La noción o concepto de seguridad pública, proviene de la primera y fundamental obligación que tiene el Estado-gobierno, de preservar el más importante de los derechos que tiene el ser humano: el derecho a la vida.   Y en este propósito el gobernante debe consagrar prioritariamente sus esfuerzos de gestión administrativa, en defender a la sociedad de los riesgos o amenazas que le acechan a diario, con todas las herramientas constitucionales y legales conque cuenta, que son muchas en el modo democrático.

La defensa de la vida se constituye pues, en una obligación preeminente e inaplazable del gobernante, debe ser una real política de Estado, a nuestro entender primero que la defensa de algunos derechos constitucionales como la mitigación de la pobreza, la propiedad privada, la soberanía, o la defensa del territorio cuya amenaza solo corresponde a hechos ocasionales o circunstanciales, como la guerra exterior, la invasión u otros eventos similares.  El contenido constitucional no nos refiere que la fuerza pública, es decir la fuerza del Estado, tenga como finalidad primordial, en forma determinante o específica, la defensa de la vida.  En términos generales o abstractos, su fin primordial es el “mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas”, pero hubiese sido mejor que el constituyente primario abundara y precisara acerca de la preservación por las fuerzas militares del derecho a la vida como valor supremo.

La sociedad siente hoy una especie de vacío constitucional y de autoridad, y es que hemos descubierto que el gobernante no está obligado a defender la vida de los colombianos.  Se Impone entonces la modificación urgente de dos disposiciones de la Constitución Política, para que la fuerza pública nos resguarde de esta ola de muertes, atracos, asaltos, violaciones domiciliarias, abusos deshonestos, aberraciones sexuales,  homicidios, feminicidios, producidos por el crimen organizado, que todos los días vemos en todas las ciudades de nuestra patria. La angustia existencial que viene produciendo el delito a lo colombianos, no encuentra el momento en que las cosas empiecen a cambiar radicalmente y prediquemos de nuestro país, una sociedad al fin liberada por la criminalidad, que se volvió arrogante y profesional.

Mientras el nuevo gobierno inicia la implementación de los recursos para poner en práctica la esperada  Ley 2272 del 04 de noviembre de 2.022, referida a la protección de las personas, hoy resulta un hecho notorio que la criminalidad ha desbordado en exceso las fuerzas del orden y la justicia, y nos hemos olvidado que para ser potencia mundial de la vida, se hace necesario preservarla de las iniciales amenazas y hechos criminales  que el ciudadano sufre al salir de su casa, o dentro de ella,  a diario en cualquier sitio de su cotidianeidad.  240.000 unidades del las fuerzas militares y más de 160.000 de la Policía Nacional han resultado ineficaces para salvaguardarnos la vida durante décadas.  De los 406 billones de pesos del presupuesto nacional, casi cinco billones, el 12%, le corresponden a la fuerza pública.  ¿insuficientes para cuidarnos la vida y la integridad personal?

En contraste con lo anterior, y en una muestra de la subestimación de nuestro máximo derecho, aparece lo bien cuidada que se encuentra la propiedad privada de muchos colombianos.  La señora ministra del Trabajo y el superintendente de vigilancia y seguridad privada han declarado que más de 600.000 vigilantes vinculados a más 1.800 empresas dedicadas a la vigilancia privada en Colombia, serán regulados por el Derecho del Trabajo.   Hoy lo están señora ministra, pero a través del fenómeno de la tercerización laboral, empresas de servicios temporales o empresas asociativas de trabajo, prohibidas por la ley, en condiciones precarias de salarios, seguridad y prestaciones sociales, que, aunque contribuyen con la seguridad y la economía nacional-PIB, son dedicados exclusivamente a la vigilancia de bienes privados y públicos, y muchos de ellos en el cuidado de personajes importantes.

Corolario: El estado de las cosas nos permite inferir que, en Colombia, el derecho a la propiedad privada tiene mayor valor que el derecho a la vida.

*Abogado. *Profesor universitario. *Escritor.