El entramado de corrupción en la administración Aguilar

El 13 de octubre del 2013, el gobernador Richard Alfonso Aguilar Villa expidió el decreto 0263 mediante el cual creó el cargo de Director de Proyectos de Infraestructura de Santander. Ese mismo día, su administración expidió la Resolución 19643, a través de la cual nombraba a Julián Jaramillo como el nuevo Director de Proyectos de la Gobernación. Jaramillo tomó posesión inmediatamente.

Enseguida la administración departamental comenzó a licitar los megaproyectos de infraestructura que hoy enredan a Richard Aguilar con la justicia: el Corredor vial San Gil – Charalá – Límites, el suministro del PAE, el Tercer Carril, el corredor vial Agroforestal y el reforzamiento del estadio Alfonso López, contratos que superaron los $500 mil millones.

Un “staff de infraestructura” (Ver Primera entrega), liderado por Jaramillo Díaz, estaba conformado por un grupo interdisciplinario de funcionarios dedicados al diseño de los ‘pliegos sastre’ para beneficiar a los oferentes previamente pactados.

Para el direccionamiento desde la parte técnica, el “staff” estaba integrado por los ingenieros civiles: Carlos Mario Lopera Giraldo, César Castro Villaveces, Silvia Oviedo Sánchez y Carlos Andrés Páez Bayona, (actual Director de Proyectos de Infraestructura del gobierno de Mauricio Aguilar), así como el arquitecto Édgar Báez Ariza, quiénes acompañaban las diferentes etapas precontractuales para el efectivo direccionamiento técnico de los procesos licitatorios.

Además de su grupo de asesores para los temas técnicos que ayudaran a direccionar las diferentes convocatorias públicas, el “staff de infraestructura” también contaba con su propio equipo jurídico encargado de darle el visto bueno de legalidad a dichos procesos contractuales amarrados.

Para dicha tarea los ungidos fueron los abogados Diego Alfredo Ortiz Vega, Neyde Fernanda Contreras Supelano, (cercana a Camilo Arenas) una pareja de esposos que a lo largo de la administración de Aguilar Villa se encargó de recibir las diferentes propuestas de los oferentes y viabilizar jurídicamente a los contratistas ganadores de las distintas licitaciones públicas en materia de infraestructura que adelantaba la Gobernación de Santander. Dicha tarea era complementada junto con el visto bueno de Roberto Ardila, exasesor jurídico de la administración Aguilar.

Finalmente, el grupo de trabajo dedicado al direccionamiento de contratos estaba complementado con la contadora pública, Jessica Pérez Becerra, quien era la encargada de viabilizar en la parte financiera las propuestas de los oferentes previamente pactados por la administración Aguilar Villa.

Según la versión entregada por la exsecretaria de Infraestructura departamental, Claudia Toledo, ante la Fiscalía y la Corte Suprema, además del direccionamiento financiero, Pérez Becerra también sería la encargada de los cuadros de Excel desde los cuales el exgobernador, Richard Aguilar montaba y controlaba todos los procesos licitatorios direccionados y el respectivo pago de las coimas por parte de los contratistas beneficiados.

Mensajero, el eslabón clave

Otro de los engranajes claves en la red de corrupción creada por Aguilar Villa sería Rubiel Marino Bermúdez Valencia, quien trabajaba como contratista por prestación de servicios, CPS de la administración de Aguilar Villa como conductor y mensajero de Julián Jaramillo.

Según las autoridades, Bermúdez Valencia sería el encargado de transportar los dineros de las coimas pactadas por el exgobernador Aguilar y con la intermediación de Julián Jaramillo. La relación entre Jaramillo y Bermúdez es tal, que aún trabajan juntos a pesar de haber terminado su contrato con la Gobernación.

Para la Corte, Rubiel Marino es parte fundamental en el proceso investigativo para demostrar que tanto Julián Jaramillo como Richard Aguilar sí habrían recibido sobornos por el direccionamiento de contratos.

Para llegar a dicha conclusión, el alto tribunal interceptó el teléfono de Marino Bermúdez, quien un día recibió una llamada desde Miami por parte de un señor que se identificó como Alejandro Rosales quien puso sobre aviso al empleado de Jaramillo sobre la gravedad de las investigaciones de la Corte en contra de Richard Aguilar por corrupción.

“Escuche lo que le acabo de mandar porque es muy delicado. Claudia y Julio Sánchez Cristo denunciando en la FM a Julián Jaramillo. Tenga cuidado, es una cosa grandísima. Solo llamé a Camilo y a usted, lo llamo para que tenga mucho cuidado porque es una cosa grandísima y todo va en contra del coronel Aguilar; piensan tumbar al coronel Richard Aguilar, esto está muy delicado y va caminando a pasos agigantados lo sé desde Miami por una persona muy poderosa en la justicia colombiana”, se oye en la llamada.

A pesar de las advertencias recibidas en la llamada anterior, al día siguiente Marino Bermúdez sostiene una llamada telefónica con un hombre desconocido en la que cuestiona a Claudia Toledo y Lenin Pardo, por no aceptar el preacuerdo que les había ofrecido Julián Jaramillo para que se allanaran a los cargos por los hechos de corrupción del estadio y no salpicar a los demás.

“Esa gente fue muy bobita. Desde un principio hubieran hablado, no se dejaron orientar. Todo era manejo… donde esa gente hubiera cedido y hubieran hecho las cosas como ellos les dijeron… eso es de manejo de abogados y todo eso. Ellos no debieron decir todo eso porque es un problema que hasta peligran sus vidas”, señala Marino Bermúdez en la llamada.

Para las autoridades, la llamada desde Miami y las expresiones del empleado de Julián Jaramillo indican claramente que sus jefes estaban preocupados por el curso de los acontecimientos judiciales en su contra.

Además de la grabación telefónica al celular del señor Rubiel Marino, las autoridades cuentan su poder con un video extraído del computador personal de Julián Jaramillo donde un hombre (aún desconocido por las autoridades) le dice a Julián que acaba de recibir su envío, observándose en la grabación varios bultos grandes que contienen fajos de billetes de alta denominación.

“Esto indica a todas luces, el papel de Jaramillo en este carrusel de corrupción, como quien recibe y reparte dinero producto de coimas”, señala la Corte.

Desfalco en el estadio

Aunque si bien, el reforzamiento del estadio Alfonso López fue una de las últimas megaobras contratadas por la administración de Aguilar Villa, terminó convirtiéndose en la ‘caja de Pandora’ sobre la red de corrupción que existía en la administración de Aguilar Villa, que hoy tiene al exgobernador respondiendo ante la justicia.

Según la información recaudada por la Fiscalía y la Corte, al igual que en las anteriores licitaciones, el “staff de infraestructura” de la administración Aguilar se puso en marcha para lograr que el millonario contrato de las obras del estadio le fuera adjudicado a Octavio Reyes Sarmiento, (amigo personal del exgobernador Hugo Aguilar), como lo había ordenado Julián Jaramillo.

Para tal fin, desde la administración Aguilar le suministró de manera anticipada el presupuesto que definiría el gobierno departamental para las obras del estadio y así Octavio Reyes elaborara el pliego de condiciones ajustado a su propio beneficio. Tarea que le fue encomendada a Andrea Carolina Núñez Castellanos, secretaria de Ingream SAS, empresa perteneciente a Octavio Reyes.

La propia secretaria de Ingream, Andrea Carolina Núñez reconoció ante la Corte que el presupuesto de obra del estadio le fue entregado a su jefe, Octavio Reyes, mucho antes de que el proceso licitatorio iniciara.

Además del contrato del estadio, Ingream, participando en consorcios, recibió otros seis contratos con la Gobernación todos durante la administración de Richard Aguilar por valor de $800 millones. Además de los contratos por cerca de mil millones recibidos por la Esant, gerenciada en ese entonces por Edwin Ballesteros.

Por su parte, Édgar Báez Ariza, integrante del “staff de infraestructura” liderado por Julián Jaramillo fue el encargado de organizar los pliegos y determinar los requisitos habilitantes a favor de Octavio Reyes en el millonario contrato para el reforzamiento de la villa olímpica del Alfonso López.

Con los pliegos acomodados a su favor, solo la Unión Temporal Reforzamiento 2015, integrada por Ingream SAS, propiedad de Octavio Reyes Sarmiento, e Ingeniería Servicios y Asesorías de Santander, representada legalmente por Houseman René Jaimes y Argeu SAS, propiedad de Camilo Andrés Rueda, se presentó como único oferente y posteriormente le fue adjudicado el millonario contrato de obra.
Una vez firmada el acta de inicio de la obra, el contratista recibió un anticipo por $6.111 millones, el 40% de su valor total.

Sin embargo, el 30 de enero del 2015, ante el incumplimiento por parte de Houseman René Jaimes Guerrero, de desembolsar los $700 millones para pagar la primera parte de la coima por la adjudicación del contrato del estadio, Octavio Reyes tuvo que acudir a Artemio Suárez Díaz, que sí desembolsó el dinero del soborno. Ese mismo día, el contratista le solicitó a la administración departamental la cesión de la participación del 40% de la empresa Ingeniería, Servicios y Asesorías, Ingesan SAS, propiedad de Houseman René Jaimes a la empresa Movipetrol, propiedad de Artemio Suárez, (amigo personal de Hugo Aguilar).

Suárez Díaz era un contratista muy cercano al clan Aguilar. A través de su firma Movipetrol, recibió contratos por más de $2 mil millones en la administración de Aguilar Villa. Incluso, Artemio Suárez le arrendó al gobierno de Richard Aguilar el local donde operó la ‘casa paralela’, desde donde se realizaban las negociaciones y los acuerdos para el direccionamiento de los procesos contractuales en el gobierno de Richard Aguilar.

Para esa época, en dicha oficina ubicada en el segundo piso de la calle 41 # 9-67, justo al lado de la Gobernación de Santander, también operaba la empresa Construservis Company, firma propiedad de Próspero Díaz Poveda, uno de los socios más cercanos a Artemio Suárez. Construservis Company recibió contratos por más de $3.400 millones en la administración de Aguilar Villa.

Tres días después de haber ingresado al contrato de reforzamiento del estadio como socio capitalista, Andrés Julián Ulloa Moreno, presidente de Movipetrol, le envió un correo electrónico con el estado de cuenta de las deudas que la Unión Temporal Reforzamiento 2015 tenía con el señor Artemio Suárez, entre ellas, el “préstamo a la Unión Temporal por $500 millones de fecha 2 de febrero del 2015. Además de otro crédito para comisión por $200 millones de fecha 27 de febrero del 2015”.

El 15 de marzo del 2015, Octavio Reyes, Artemio Suárez y Andrés Díaz (interventor de la obra) se dirigieron hasta la casa de Claudia Toledo y Lenin Pardo para entregar $700 millones como pago parcial de la coima por el contrato. Los $700 millones entregados a Lenin Pardo, posteriormente habrían sido transportados en una motocicleta por el empleado de la Gobernación, Rubiel Marino Bermúdez, con destino al exgobernador Richard Aguilar, pasando por la oficina de Julián Jaramillo, jefe directo de Bermúdez.

Si bien Octavio Reyes ha insistido en que el pago de las coimas por más de $1.500 millones únicamente fueron destinadas a los esposos Toledo – Pardo, el propio Andrés Díaz, interventor de la obra, controvierte dicha versión, al asegurar ante la Fiscalía y la Corte que el propio Reyes en varias ocasiones le comentó que él tenía comunicación directa con Aguilar Villa para “cruzar cuentas”.

Para la Corte, en diciembre del 2015, a tan solo unos días para dejar su cargo, Richard Aguilar le ordenó a Reinaldo Castillo Parra, exsecretario de Infraestructura, que firmara el adicional 01 del contrato del estadio por más de $6.748 millones, como última medida para poder asegurar el pago total de la coima por parte del contratista.

Dicha adición estaba soportada por Freddy Calderón (el mismo contratista que había realizado los estudios y diseños de la obra y que ahora pedía mayor cantidad de obra). Ese mismo día, Ana Lucía Wandurraga Ballesteros, supervisora del contrato, rindió informe de conveniencia y necesidad de la adición, al parecer violando los preceptos legales y jurisprudenciales relacionados con la adición de contratos públicos.

Luis Alberto Peña Silva, contratista de la obra de reforzamiento del estadio Alfonso López, aseguró ante la Corte que Ana Lucía Wandurraga Ballesteros, supervisora de ambos contratos (obra e interventoría), obtuvo dicho cargo por orden directa del propio Artemio Suárez.
Wandurraga Ballesteros había sido empleada de Artemio Suárez, antes de llegar a la administración departamental.

/Colprensa