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El confinamiento de las comunidades étnicas, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores de edad y las amenazas a la población son los principales riesgos que están enfrentando miles de habitantes del pacífico colombiano, según la Defensoría.
Esta grave situación fue dada a conocer tras una misión humanitaria de la entidad por los municipios de Buenaventura, el litoral del San Juan, Bajo Baudó, Nuquí, Bahía Solano y Jurado.
“Evidenciamos que el origen de estas dificultades es la violencia generada por los grupos armados ilegales, particularmente la guerrilla del Eln y el ‘Clan del Golfo’ que están disputando los negocios ilegales en el territorio”, destacó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
La Defensoría agregó que producto de amenazas y la siembra de minas antipersonal, los grupos armados ilegales mantienen a la población confinada, como se ha evidenciado a través de las alertas tempranas de la Entidad.
En el recorrido por el Pacífico, fue reiterado, según la Defensoría, el llamado de las comunidades a evitar que se vulnere su derecho a la educación dado que los niños, niñas y adolescentes no se pueden mover hacia sus escuelas, muchas de ellas en mal estado por falta de mantenimiento e inversión pública. También se evidenciaron malas condiciones de acceso a la salud.
“Finalmente, levantamos la voz por aquellos que no tienen cómo hacerlo y hacemos un llamado a las autoridades del orden municipal, departamental y nacional para atender de manera urgente un brote de paludismo que está afectando a las comunidades”, puntualizó Carlos Camargo.
/Colprensa