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De cada 10 empresas en Colombia, cuatro contemplarían la opción de exigir el esquema de vacunación completo a sus empleados actuales o los que pretendan contratar con el fin de garantizar la operación y mitigar el impacto del covid-19.
Esta situación fue revelada en un análisis realizado por la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) y la firma Lulotec.
El informe, en el que se consultaron 100 de las empresas más representativas del país de distintos tamaños y sectores económicos, también reveló que, hasta el momento, cerca del 55% de las empresas han comprado vacunas contra el covid-19 para aplicar a sus empleados y con ello retornar a la presencialidad.
Al respecto, Gladys Vega, presidente de Acrip, dijo que “este pulso revela que casi la mitad de las empresas del país siente la necesidad y la urgencia de que sus colaboradores estén vacunados para reactivar la productividad y recuperarse financieramente”.
Sin embargo, Vega también recalcó que “aunque exigir la vacunación sea un anhelo para muchas empresas, la realidad es que en Colombia la legislación civil y laboral no permite la condición de las libertades individuales al momento de ejercer el libre derecho al trabajo, y en ese sentido deben tener mucho cuidado”.
Al respecto, el informe también reveló que el 15% de las empresas estarían dispuestas a no renovar un contrato laboral si el empleado insiste en no vacunarse, mientras que el 84% manifestó que no lo haría y un 1% que tendría que evaluar a fondo las razones de la decisión de no vacunarse.
Por otro lado, de las empresas que manifestaron haber comprado los biológicos para vacunar a sus empleados, casi la mitad dijo haber tenido aproximadamente un 10% de la nómina que no quiso vacunarse por motivos personales.
¿Vacunación obligatoria?
Recientemente varias organizaciones laborales enviaron una comunicación al Gobierno nacional solicitando que en Colombia se instalara una especie de obligatoriedad a los empleados, salvo las excepciones debidamente justificadas, con el fin de dar celeridad a la reactivación económica del país.
El tema está en el debate público, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo, sobre cómo una decisión de este talante afecta las libertades civiles y laborales de las personas.
Al respecto, Juan Solórzano, miembro de la Junta Directiva de Acrip, señaló que “es poco probable que un Gobierno tome la decisión de obligatoriedad sobre la vacunación, menos aún en países democráticos como Colombia. El proceso avanza y hoy damos cuenta de una gran parte de la población vacunada. Creo que la responsabilidad una vez más quedó en las organizaciones y en las personas, donde debemos continuar ayudando de forma contundente a entender las razones morales, colectivas, médicas y humanas, del porqué vacunarse es una prioridad”.
Así mismo, agregó que “la libertad individual es un derecho que prima en muchos casos, salvo en casos especiales donde la labor requiere necesariamente de la vacunación, como en el sector salud, alimentos, entre otros. La vacunación para varias labores se convierte en una necesidad para el buen desempeño del colaborador».
EL CARNET
De otro lado, la posible exigencia del carnet de vacunación para acceder a diferentes servicios en Colombia divide a los ciudadanos consultados en una encuesta divulgada por la Universidad del Rosario.
El 52% de los consultados estaì de acuerdo en que se exija el carnet de vacunación contra el coronavirus en Colombia para viajes internacionales, mientras que el 48% para los nacionales.
Menos de la mitad considera que debería ser requisito para el regreso al trabajo presencial (43%), a la vez que solo el 39% lo ve necesario para la asistencia a colegios o universidades.
El 50% de los consultados cree que se debería exigir para eventos puìblicos masivos, el 48% para el ingreso a los estadios y eventos deportivos, el 47% para eventos privados masivos y el 41% para entrar a restaurantes y bares.