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La posible eliminación de la ley de regalías en la ley que dará vigencia al presupuesto general de la nación del 2022, ha llevado a considerar la misma como un mico por la oposición y una violación a la competencia de las comisiones políticas.
Mientras que las comisiones económicas del Senado y la Cámara avanzaron el miércoles en la discusión del proyecto de presupuesto, en la Comisión Primera del Senado se aprobó una proposición en la que reclaman respeto a la autonomía de los temas de cada una de las comisiones.
Incluso el presidente de la Comisión, el senador Germán Varón, anunció que para el próximo lunes se tiene convocada una audiencia pública en la cual se discutirá el contenido del proyecto de ley que cursa su trámite sobre la eliminación de la ley de garantías. Dicha norma es la que impide la contratación estatal en los meses previos a las elecciones nacionales y regionales, lo que en opinión de los mandatario retrasa la gestión que deben cumplir.
El rechazo a ese artículo del presupuesto general lo expresó, entre otros, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien sostuvo que “el intentar que la ley de garantías no opere es ni más ni menos que una especie de licencia para que se utilice la contratación estatal con fines electorales por parte del uribismo y del actual Gobierno. Esa propuesta es demostrativa que el Gobierno de Iván Duque no da garantías para que el certamen electoral del 2022 transcurra de manera transparente y segura”.
El artículo en mención es liderado por el senador uribista Ciro Ramírez, para quien de aprobar esa norma no se va a evadir las normas sobre la transparencia en los procesos de contratación pública. “Para no frenar el desarrollo de los territorios se quiere modificar un parágrafo de la Ley de Garantías que permita los convenios interadministrativos entre Alcaldías, Gobernaciones y Gobierno Nacional. De otra manera, estas administraciones tendrían que tener los convenios interadministrativos antes del 13 de noviembre y después solo se podría con el siguiente Gobierno porque la Ley de Garantías se acabaría en junio y el presidente se va el 07 de agosto”, indicó.
Entre tanto, en la proposición de la Comisión Primera, presentada por el senador Luis Fernando Velasco, se señala que le piden a las comisiones económicas retirar ese mico porque les usurpa las funciones asignadas Velasco considera que las comisiones económicas no pueden modificar leyes estatutarias.
“Dicha norma corresponde al desarrollo de un mandato constitucional que reglamenta la elección del Presidente de la República y su contenido guarda estrecha relación con la salvaguarda del derecho fundamental a la participación ciudadana. Así lo determinó la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-1153 de 2005, mediante la cual efectuó el control de constitucionalidad de la norma”, consideró.
Por su parte el senador Rodrigo Lara, le pidió a los precandidatos presidenciales Federico Gutiérrez y Óscar Iván Zuluaga que se pronuncien respecto de la propuesta del uribismo de desmontar la ley de garantías.
“Es importante que los dos candidatos de Iván Duque a la Presidencia, Federico Gutiérrez y Óscar Iván Zuluaga, se pronuncien sobre la intención del Gobierno de favorecerlos tumbando la ley de garantías en período preelectoral. No es casual que un gobierno desesperado y desgastado ante la opinión busque atajos impresentables para beneficiar presupuestalmente a los candidatos mencionados. Los beneficiarios de dicha medida deberían aclarar su postura al respecto para que el país pueda evaluar sus posiciones y podamos clarificar su compromiso con la transparencia y la igualdad frente a los demás candidatos”, sostuvo.
Por su parte el presidente Iván Duque, desde los Estados Unidos, defendió el artículo, al considerar que: “En Colombia ya no hay reelección presidencial y eso implica que tengamos una circunstancia distinta. Además hay que mirarlo en otro contexto pensando en los alcaldes y gobernadores que se eligieron y tomaron posesión enero del año 2020, y que les ha tocado enfrentar una pandemia que les ha truncado muchas de las aspiraciones y programas”.
Indicó además que “eso se tiene que hacer con el más claros escrutinio y seguimiento de parte de los organismos de control porque la eliminación suspensión o modificación no es para que se gasten recursos sin ningún tipo de arbitrio, de seguimiento y de escrutinio minucioso por parte de los organismos de control”.
/Colprensa