Dirección de Sanidad suspendió licitación de medicamentos durante siete días

La Dirección de Sanidad Militar expresó que desde el 10 de julio solicitó funcionarios de la Procuraduría, la Contraloría, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa, para que acompañen el proceso de licitación pública de adquisición, distribución, suministro, dispensación y control de medicamentos de las Fuerzas Militares.

El llamado lo hizo la entidad, a su juicio, para garantizar la transparencia, objetividad y pluralidad a los oferentes, desde el principio hasta la adjudicación del proceso. Añadió  que el pasado 21 de agosto recibió un oficio del Procurador Delegado encargado para la Salud, que indica la “evaluación de revocación del acto administrativo de apertura del proceso de contratación”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección de Sanidad analizó cada uno de los planteamientos efectuados en la comunicación y está de acuerdo de la importancia de la función de control que ejerce esa Entidad, por esto, solicitó audiencia con la Procuraduría Delegada para la Salud, con el fin de exponer junto con los comités estructuradores, el estudio previo y el pliego de condiciones del proceso publicado en el Secop II, el cual se realizó el día este lunes.

Expusieron que tras revisar los señalamientos de la Procuraduría, la Dirección propuso la suspensión del proceso de licitación pública por siete días, con el propósito que la Procuraduría revise las respuestas dadas a las observaciones.

La Dirección reiteró que continuará atendiendo las observaciones de los diferentes entes de control frente al proceso de licitación pública, en aras de garantizar la transparencia, objetividad y pluralidad a los oferentes.

LO QUE ENCONTRÓ Y SOLICITÓ LA PROCURADURÍA

El pasado 22 de agosto, la Procuraduría halló presunto incumplimiento de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, que estarían limitando la libre concurrencia de oferentes, por esto le solicitó a la Dirección revocar el proceso licitatorio que está avaluado en 387.000 millones de pesos.

En ese entonces, el Ministerio Público advirtió a la Dirección de Sanidad que las autoridades administrativas están obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y los principios de planeación y selección objetiva. Señaló que no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios, que cumplan con los fines del Estado.

El órgano de control cuestionó el establecimiento de condiciones de habilitación y calificación que no fueron debidamente sustentadas en los estudios previos, así como el pago de facturas sin auditoría médica, para generar «liquidez» al contratista.

Lo que explicaba el informe del procurador delegado es que al evaluar los pliegos de la licitación se evidenció que se abre la puerta al pago de medicamentos por encima de los precios máximos de venta regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos e Insumos Médicos, originando posiblemente sobrecostos que se financiarían con recursos públicos de la seguridad social en salud.

Por esto, la Procuraduría recordó que de acuerdo con la Circular 07 de 2018 de la Comisión Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, los regímenes especiales de salud también están sometidos al control de precios de medicamentos, por lo que los pliegos de la licitación no pueden desconocer el ordenamiento legal.

A juicio de la entidad, las falencias del proceso de contratación podrían afectar la estabilidad financiera del contrato y poner en riesgo el suministro de medicamentos a la población beneficiaria de los servicios médicos de la sanidad militar.

BOGOTÁ (Colprensa).