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En la corte constitucional, el magistrado Antonio José Lizarazo, será el encargado de entregar a la sala plena la respuesta que le entregará la corporación al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, quien pidió un concepto sobre si el Congreso puede entrar a estudiar unas objeciones a ley.
Las objeciones del presidente de la República, Iván Duque Márquez, a la ley estatutaria de la JEP ya escalaron un nuevo peldaño en el enfrentamiento político que se vive en el país por estos días: La pelea que se desató entre el Centro Democrático con la Corte Constitucional.
Muy temprano en la mañana del martes se conoció que el togado de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, será el encargado de entregar a la sala plena la respuesta que le entregará la corporación al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, quien pidió un concepto sobre siel Congreso puede entrar a estudiar unas objeciones a ley, que en su criterio, ya es cosa juzgada luego del fallo que dio esa corte a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, en diciembre pasado.
Este anuncio desató una serie de reacciones del uribismo contra la Corte Constitucional, esto por cuanto consideran que dentro de las funciones de la misma no está responder a consultas sobre sus decisiones.
En tal sentido se pronunció fuertemente el jefe del Centro Democrático, senador Álvaro Uribe, quien sostuvo que “la Corte Constitucional, por atender a un Gobierno comprometido con la Farc, aceptó que un plebiscito pudiera ser sustituido por una proposición del Congreso, y ahora algunos pretenden que le arrebate las competencias al Presidente de la República del nuevo gobierno”.
El expresidente Uribe advierte que “la Corte Constitucional fue instituida para salvaguardia del Estado de Derecho, no para derogarlo”.
A la postura del expresidente se sumaron otros congresistas de la colectividad, como por ejemplo el senador José Obdulio Gaviria, quien sostuvo que “¡elmundo al revés! En las democracias, partidos expresan su acuerdo o desacuerdo con las decisiones judiciales. En Colombia, la Corte Constitucional expresa su acuerdo con el partido político de sus simpatías. A eso, en plata blanca, lo llaman prevaricato”.
La también senadora Paola Holguín destacó que “la Corte Constitucional no es órgano de consulta, se pronuncia a través de sentencias y ya se pronunció frente a ley estatutaria JEP, el Presidente tiene una facultad independiente que le permite objetar por inconveniencia (división de poderes).
El abogado Rafael Nieto, también de la línea del uribismo, sostuvo que “la Corte Constitucional no tiene facultades consultivas. No tendría ni siquiera que haber estudiado la solicitud del Presidente de la Cámara. Si la Corte trata de impedir el estudio de las objeciones por el Congreso, estaría prevaricando”.
En el senado se necesitan mínimos 51 votos para sacar adelante o archivar un proyecto de ley y en este caso mediante sus redes sociales el senador Roy Barreras anunció que ya tiene asegurados 56.
Según sus cuentas las objeciones de la ley estatutaria de la JEP se archivaría con los siguientes votos.
11 votos de La U
14 votos del Partido Liberal
8 votos de Cambio Radical
23 votos de la bancada de oposición