Corte ordena práctica de pruebas en el proceso contra Omar Ambuila

La Corte Suprema de Justicia ordenó la práctica de pruebas en el estudio de la solicitud de extradición presentada por una Corte del Estado de Florida, de los Estados Unidos, en el proceso que se surte en contra de Omar Ambuila, exjefe de carga de la Dian de Buenaventura.

Ambuila es investigado por delitos relacionados con el lavado de activos por el despacho del magistrado Eyder Patilo, quien fijó la realización y solicitud de pruebas documentales y testimoniales para el estudio del caso, por lo que durante diez días el Ministerio de Justicia, la Procuraduría y la defensa del acusado podrán presentar sus solicitudes y allegar documentos importantes en el proceso.

Luego de analizar las pruebas presentadas por cada uno de los organismos, la Corte deberá definir si existen méritos para avalar la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos contra el exfuncionario.

Los delitos por los que es requerido son lavado de activos y concierto para delinquir, relacionados con el presunto favorecimiento a contrabandistas.

Lo que reposa en la investigación del ente acusador es que vehículos deportivos de gama alta, millonarias transacciones en dólares a Estados Unidos, compra de costosos accesorios, viajes y fiestas hacían parte de las múltiples actividades que no solo Ómar Ambuila, sino también sus familiares tenían en su vida cotidiana, lo que despertó suspicacia.

Un año atrás de su captura, la Fiscalía y agencias de Estados Unidos le seguían la pista al exfuncionario para descifrar el esquema de corrupción que estaría en cabeza de dos funcionarios de la Dirección de Aduanas, quienes habrían permitido el ingreso ilegal de toneladas de mercancía por el puerto de Buenaventura.

Lo que dijo en su momento el ente acusador es que Ambuila como jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en la terminal marítima, y Emilson Moreno Granja, funcionario de la misma dependencia, presuntamente aprovecharon sus cargos para manipular los contenedores y alterar el contenido o permitir que cruzaran sin ningún control aduanero.

A cambio de su ilícito actuar, estas dos personas y otros cómplices habrían recibido millonarios dividendos que se ocultaron a través de la constitución de empresas fachada o fueron girados a sus familiares para que adquirieran bienes y servicios que superarían su capacidad económica.

“Estaría demostrado que los dos funcionarios no tenían salarios superiores a los seis millones de pesos, sin embargo, registraron ingresos y compras por montos muy superiores de los que nunca ha existido claridad sobre su origen”, explicó el delegado de la Fiscalía, en ese entonces.

/Colprensa