Tres congresistas denunciados por contrato corrupto de MinTIC

Desde hace varios días, Emilio Tapia, condenado por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá y quien fue enviado a prisión el viernes por su presunta participación en el escándalo entre Mintic y Centros Poblados, ofreció a la Fiscalía colaboración y prometió revelar los nombres de los congresistas posiblemente implicados en el caso.

Ayer se ‘prendió el ventilador’ cuando la propia exministra Karen Abudinen, sacó a relucir el nombre del senador Armando Benedetti y aseguró que este la llamó a sugerirle que no caducara el contrato.

Lo anterior, luego de que a través de Twitter el senador que ahora hace parte del pacto histórico escribiera, “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se “abudinearon” la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”.

La exministra respondió con una certera afirmación y aseguró, “Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”.

La exfuncionaria abrió con estas declaraciones un nuevo capítulo en este sonado caso y que ahora toca a una de las figuras más mediáticas de la oposición, quien desde el inicio ha asegurado que no tiene relación alguna con el caso.

“Es una miserable”, dijo el senador en une entrevista, cuando le preguntaron qué le quería decir a la ministra: “como persona y como funcionaria que permitió que eso pasara y que ella es cómplice de todo lo que pasó, a mí no me cabe la menor duda, porque yo tenía alguna duda de que la señora hubiera hecho algo, pero cuando lanzan esa cortina de humo, es porque ella se está escondiendo de algo”.

Para el senador, que lo mencionen a él por supuestamente llamar a la ministra, hace parte de un ‘show mediático’, pues según él, la exfuncionaria no tiene pruebas en su contra, y solamente está tratando de “escabullirse” de sus responsabilidades por los hechos.

Además, el senador Benedetti dijo a Semana que Abudinen con sus acusaciones solo “trata de poner a la prensa a distraerse conmigo, lo mismo pasó con lo de Odebrecht, con las chuzadas, esto es obra de un ‘abogaducho’ que se llama Jaime Lombana, que él tuvo unos problemas con mi hermana, la levantó a puño y descalabró a mi sobrino, ese señor está obsesionado y lleva 5 años inventando cuanta cosa en los medios”.

En relación con la llamada, Benedetti respondió: “la ladrona de la ministra miente, yo soy de oposición y no tengo la facilidad para estar llamando a ministros para que me den contratos, estoy como uno de los principales alfiles de Petro, yo no llamé a la ministra para llamar a favor de Centros Poblados, no conozco a Emilio Tapia ni a ningún representante legal de Centros Poblados ni a ningún gringo de la empresa norteamericana”.

En la entrevista, Benedetti aseguró que la llamada que realizó a la ministra fue para ‘pelear’ con ella, “el hecho de que exista una llamada no quiere decir que yo sea culpable… nunca la llamé para hablar sobre Centros Poblados”, aseguró.

“Con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una Coca Cola, ni me he reunido, hablado telefónicamente o cruzado un email o un chat. Como en las viejas épocas del ‘rufián’, quieren meterme en cuanto caso de corrupción hay”, expuso el senador en su cuenta de Twitter.

Agregó que la llamada no tuvo ningún propósito de cometer alguna irregularidad. “Tengo un Twitter de 6 o 7 de diciembre en el que digo si es verdad que están torciendo la licitación. (…) Los mismos asesores del Ministerio de Comunicaciones estaban diciendo que había cosas sospechosas en ese contrato. Llamé a María Paula Correa y le dije: ‘aquí en el Congreso hay un bonche con ese contrato’ y me dijo: ‘Lo sé porque el embajador de Estados Unidos estuvo aquí”, aseguró Benedetti a Blu Radio.

DENUNCIAN A BENEDETTI EN LA CORTE 

Tras estallar el comentario de la exministra, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue denunciado el senador Armado Benedetti, para que responda por estos hechos.

La denuncia fue interpuesta por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, en cabeza de Henry Anaya, para que se indague la presunta intervención del senador, para que no se caducara el contrato. Así mismo, se denunció por estos hechos al senador Mauricio Gómez Amín.

La denuncia, por reparto, le correspondió al magistrado Misael Rodríguez Castellanos, quien deberá definir la posible participación de los congresistas en el escándalo.

El denunciante solicita escuchar a la exministra Abudinen, a Benedetti y a Gómez Amín, y a los detenidos Emilio Tapia Aldana y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, “quienes presuntamente conocen de la relación de políticos y los mencionados en la indagación penal en el proceso licitatorio 038-2020”.

La denuncia añade que “es impresentable que ocho pólizas falsas pasaran por encima de tantos funcionarios públicos”.

El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, negó cualquier vínculo, y aseguró que es amigo de la exministra Abudinen, que defendió su honorabilidad y la caducidad, y que lo que sucede es que lo están confundiendo con un homónimo de un tío suyo de apellido Amín.

De comprobarse que Benedetti y Amín llamaron a la exministra con tal intención, para el abogado Camilo Iván Pizza, se podría configurar el delito de tráfico de influencias de servidor público.

“De comprobarse la llamada se configura el artículo 411 del Código Penal, tráfico de influencias… ya que lo que se sabe es que Benedetti, siendo servidor público, utiliza sus influencias derivadas del ejercicio de su cargo como senador, con el fin de obtener un beneficio por parte de quien en ese momento era ministra. No se sabe cual sería el beneficio, pero no es correcto lo que hizo y si se demostrara que lo hizo con la finalidad de obtener un beneficio, definitivamente estaría incurriendo en este delito”.

OTROS PROTAGONISTAS 

Día tras día se conocen nuevos detalles de las irregularidades que rodearon el proceso de licitación del contrato 1043 del 2020 por medio del cual el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información (MinTIC) buscaba construir 10 mil centros digitales para brindarle conectividad gratuita a 14.745 colegios de zonas apartadas del país.

El billonario contrato del ‘Proyecto 10K’ le fue adjudicado el 10 de diciembre a la Unión Temporal Centros Poblados –conformada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería de Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intc de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S-. Para el inicio del mismo se les entregó como anticipo 70 mil millones de pesos para la compra de equipos. Sin embargo, los meses pasaron y el contrato nunca se puso en marcha como lo indicaba el cronograma.

La Unión Temporal recibió el contrato para conectar 7.277 centros educativos en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, D.C. Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Sin embargo, en esas zonas poco o nada se vio de la creación de los centros digitales.

Tras la apertura de la investigación se estableció que los documentos presentados por Centros Poblados fueron falsificados para poder cumplir con todos los requisitos que exigían para el proceso licitatorio. Entre estos se encontraban pólizas y seguros de bancos para darle un soporte financiero a la propuesta.

La Fiscalía General encontró que se conformó una compleja estructura que se distribuyó tareas para ir planeando el proyecto ante la licitación. Muchos viejos conocidos aparecieron en escena en este caso, entre ellos el contratista Emilio Tapia Aldana –condenado en dos oportunidades por casos relacionados con el ‘carrusel de la contratación’.

Pero Tapia no fue el único vinculado con este escándalo de corrupción que tuvo su participación en este caso. El exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz apareció también en la lista de personas que “dieron su granito de arena” para la estructuración del proyecto licitatorio. En la misma línea apareció Inocencio Mélendez –exsudirector jurídico del IDU- quien habría aportado sus conocimientos al tema.

Pero la lista no para ahí, Guido Nule Amín y Mauricio Galofre Amín –quienes hacían parte del denominado Grupo Nule- habrían colaborado activamente con la estructuración y posterior presentación de la propuesta ante el MinTIC. Los empresarios habrían tenido un acercamiento al tema por medio de su familiar, Alfredo Amín Jesús.

El ente investigador indicó que Alfredo Amín fue pieza fundamental en la obtención de las pólizas falsas a nombre del Banco Itaú y la carga de los documentos al sistema para participar en el proceso licitatorio. Entre los tres habrían organizado la estrategia para la presentación de la oferta y así resultar beneficiados con el contrato avaluado en 1.3 billones de pesos.

Fue así como el 28 de octubre del 2020 la Unión Temporal resultó ganadora del billonario contrato. Esto teniendo en cuenta que cumplían con todos los requisitos exigidos por el MinTIC para la creación de estos centros digitales.

Para armar este rompecabezas la Fiscalía General cuenta con la declaración de dos testigos que tuvieron conocimiento directo y claro sobre la forma en cómo se conformó esta estructuración y los roles de cada uno de ellos.

Por estos hechos ya fueron imputados por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado Emilio Tapia (condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá); Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros.