Tribunal Supremo de Venezuela rechaza apreciaciones de ex fiscal de la CPI

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha rechazado las apreciaciones de la exfiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) Fatou Bensouda, que cree que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido «crímenes contra la Humanidad» desde 2017, y ha señalado que «no se ajustan a la realidad».

«Rechazamos las declaraciones emitidas por Bensouda y reiteramos nuestro compromiso de trabajar y colaborar con el nuevo fiscal, Karim Khan, para suministrar cualquier información que se nos sea requerida, a los fines de colaborar en el trabajo que viene realizando en el análisis preliminar de las denuncias presentadas ante su oficina», ha señalado el presidente del TSJ, Maikel Moreno, antes de invitar a Khan a visitar «oficialmente» Venezuela.

En un comunicado, el TSJ ha defendido que el Gobierno de Venezuela y sus instituciones han colaborado «ampliamente» respecto al examen preliminar de la investigación, «sin que por entonces la titular del despacho fiscal haya realizado algún requerimiento, ni una notificación de los hechos que se encontraba analizando».

«Desde el Estado venezolano hemos dado muestras sinceras y significativas en cuanto a las actividades desarrolladas por nuestras instituciones y se han llevado a término diversas investigaciones en materia de Derechos Humanos (…) a fin de determinar el incumplimiento de los parámetros legales que sustentan la función policial y militar y comprobar si han actuado o no en inobservancia de las leyes y reglamentos que los rigen», ha sostenido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que todas estas investigaciones se han sustentado en el marco del Estado de Derecho y la preeminencia de los Derechos Humanos, la ética y el pluralismo político. «El Estado venezolano garantiza el principio de seguridad jurídica», ha incidido.

Asimismo, el TSJ ha considerado que el TPI «actuará sólo cuando la jurisdicción nacional no esté disponible o no sea efectiva» y ha señalado que «establecer una competencia irrestricta» a la corte internacional «significaría duplicar esfuerzos y gastos, generando una ofensa al sistema judicial que probablemente no se justifique». En este sentido, ha recordado que el rol del TPI es «supletorio».

Bensouda señala en un documento fechado el 15 de junio pero hecho público la semana pasada que el Gobierno de Maduro ha cometido «crímenes contra la Humanidad» al menos desde abril de 2017 en el marco de la represión emprendida contra la oposición en Venezuela en un informe dejado a su sucesor en el cargo, quien ahora debe decidir si se abre una investigación formal sobre dichos crímenes.

El informe de Bensouda tiene que ver con uno de los dos exámenes preliminares sobre el país abiertos por la Fiscalía. ‘Venezuela I’ deriva de una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima y confirmada en febrero de 2018 en relación con los supuestos abusos cometidos por las fuerzas chavistas desde abril de 2017 y, en términos generales, la represión de las protestas convocadas contra el Gobierno de Maduro.

Por otra parte, ‘Venezuela II’ examina por petición del Ejecutivo de Maduro si se han cometido crímenes contra la Humanidad «como resultado de la aplicación de las medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos». Caracas establece como punto de inicio a tener en cuenta el año 2014.

/Colprensa