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Los ex combatientes de las Farc asentados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de la vereda Monterredondo, Miranda, Cauca, están en máxima alerta luego de la decisión de los líderes comunales de la zona de no respaldar más el proceso de reincorporación.
Las directivas de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda le pidieron a los ex combatientes e integrantes del partido político Farc que salgan de la zona luego de recibir amenazas de parte de un grupo armado que delinque en esta zona del norte del departamento.
“El pasado 25 de mayo enviaron una advertencia sobre que hay 30 días de plazo para que la comunidad termine el proceso y no permita personal de ex combatientes en la vereda puesto que manifiestan que el proceso de reincorporación ya no está cumpliendo con los objetivos, por el contrario, aumenta la presencia de la fuerza pública, involucrando las comunidades en el conflicto y la creación de más informantes”, reza la comunicación emitida por dicha organización comunal.
Los representantes comunitarios del lugar afirmaron que constantemente reciben amenazas de muerte por permitir que en el lugar permanezcan los ex combatientes que aún permanecen fieles a la voluntad de paz.
A raíz de dicha determinación, las reacciones por parte de los representantes del partido político Farc y líderes sociales de esta zona del país no se hicieron esperar, más cuando en el norte del Cauca se intensificaron los hechos violentos, como el registrado este miércoles cuando una persona fue asesinada, descuartizada y sus restos arrojados a una calle del municipio de Suárez. También, en Santander de Quilichao, fue asesinado un nativo que participaba en un puesto de control para evitar el contagio de la Covid-19.
“Cada vez es más evidente que en el departamento no hay garantías para los reincorporados, mucho menos para los líderes sociales. De igual forma se suma que a nivel nacional está la falta de interés del gobierno de implementar los acuerdos de paz de La Habana, poniendo en alto riesgo a aquellos ex combatientes que se acogieron, de buena fe, al proceso”, denunció un representante en el Cauca de Marcha Patriótica, solicitando mantenerse en el anonimato.
Para Luis Fernando Enríquez, consejero del partido político Farc, el cumplimiento de los acuerdos es la garantía de vida para los ex combatientes porque este último contiene muchos puntos que son el reflejo de las problemáticas que provocan la violencia en el Cauca.
“Al no cumplirse lo pactado, se generan ambientes hostiles para los ex combatientes en los territorios, por eso optamos por retirarnos de lugares como La Elvira, en Buenos Aires y ahora enfrentamos esta situación en Miranda, eso no quiere decir que nosotros nos vayamos ausentar por completo del territorio, porque nuestro compromiso es con las comunidades y vamos a trabajar por ellas en las condiciones que no toque”, agrega el consejero del partido político Farc.
Tanto el líder social como el representante del partido de izquierda coinciden en que el incremento del pie de fuerza en esta zona del departamento afecta directamente el proceso de paz, porque se generan escenarios de violencia que afecta a excombatientes y a la población civil.
“El Cauca es tal vez uno de los departamentos que tiene más presencia militar y donde más ex combatientes y líderes sociales asesinan, entonces creemos que es una cuestión de mayor voluntad política del Estado de brindarnos seguridad y de proteger a las comunidades, además tengamos en cuenta que en esta zona es donde son más intensos los conflictos sociales, de ahí que tiene más realce las luchas de organizaciones como la nuestra de conquistar derechos políticos y económicos en un ambiente democrático”, ilustra el representante de las Farc en el departamento.
Por eso ahora, y luego de conocerse la comunicación de la Junta de Acción Comunal de la vereda Monterredono, los cerca de 150 excombatientes asentados en el lugar se encuentran reunidos evaluando el delicado escenario, con el fin inmediato de salvaguardar sus vidas y de continuar con su voluntad de paz.
Y es que el anuncio de no respaldar a los reincorporados de las Farc se da luego de un consejo de seguridad adelantado en Santander de Quilichao por la gobernación, la fuerza pública y los alcaldes del norte del departamento, tras registrarse varios homicidios en esta zona del país.
Las autoridades declararon para este fin de semana ley seca y toque de queda en el departamento, además establecieron mecanismos de protección para los alcaldes y líderes y lideresas sociales amenazados en los diferentes territorios del norte del Cauca.
“El gobierno departamental continuará fortaleciendo las medidas sociales, como las ayudas humanitarias. Así como también, fortalecer el trabajo conjunto con las comunidades en los puntos de desinfección, labores que se integran a las acciones para brindar seguridad en la región”, dijo el mandatario de los caucanos.
Por su parte, el comandante de Policía Cauca, Rosemberg Novoa Piñeros, manifestó que es necesario seguir trabajando de forma articulada para poder atender de manera oportuna los hechos de violencia que se presentan, y continuar en los trabajos en materia de investigación para esclarecer los casos de violencia presentados en este departamento.
POPAYÁN (Colprensa)