La agenda anticorrupción poco a poco se va cumpliendo

Con el cierre del año le llegó el corte de cuentas a la llamada agenda legislativa anticorrupción, también conocida como el paquete de normas por la que votaron cerca de 12 millones de colombianos en agosto de 2018, en la consulta anticorrupción.

Los promotores de la consulta llevaron a la urnas siete puntos, luego el gobierno de Iván Duque retomó parte de los temas y recordó algunos estuvieron en sus promesas de campaña y también hasta la Fiscalía General acogió varios de los temas como propios.

Pero más allá de quien es el autor original, lo cierto es que estos proyectos en 2019 tuvieron su momento de avance definitivo en el Congreso, en medio de dudas, controversias políticas y hasta de falta de apoyo.

Uno de los senadores que ha liderado el tema es Antonio Sanguino, quien manifestó que “todavía vamos en menos del 50 %, recordemos que la promesa del presidente Duque, cuando concertó con los partidos, fue que esas iniciativas iban a ser aprobadas en diciembre de 2018 y estamos en diciembre de 2019 y vamos en la mitad”.

Fueron dos iniciativas de esta agenda que nunca tuvieron acogida. El primero, tal vez el de mayor interés, la reducción de salarios de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. Al respecto, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, señaló que “ha llegado el momento de dar un mensaje a los colombianos… las distintas voces que se han dado se deben concretar en una sola iniciativa el próximo año”. Se hundió, sin discusión, el proyecto de presupuestos públicos con participación ciudadana.

En el mismo sentido se pronunció el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, quien sostuvo que “éste será un tema de debate en el Congreso, pero considero que es oportunista las propuestas que se están presentando en este momento en que el país está reclamando cambios profundos”.

Así como la anterior reforma constitucional, se hundió la que planteaba un límite en la posibilidad de estar en una corporación pública, tres era lo que se proponía. El mismo se hundió en la reforma política el primer semestre de este año.

La senadora de la U, Maritza Martínez, sostuvo que este tema se debe retomar e incluso proponiendo que sea para dos periodos no más. “Ha sido difícil construir una agenda donde confluyamos todos, expresamos la voluntad, pero sin embargo cuando están allí las iniciativas ya es muy complejo lograr sacarlas adelante”.

A LA CÁRCEL Y NO EN LA CASA

Un proyecto más que se tramitó, que llegó de la consulta anticorrupción y de otros sectores políticos, fue el conocido como el que prohíbe la casa por cárcel para los corruptos. El proyecto está para ser conciliado en estas sesiones extras del Congreso, antes del próximo viernes.

El senador y presidente del partido Mira, Carlos Eduardo Guevara, sostuvo que además de eliminar la “prerrogativa” que se daba a quienes eran protagonistas de esos hechos de corrupción, la ley elevó también la sanción a las juntas directivas y no sólo a los gerentes o presidentes.

Aunque se pretendió dejar esta sanción sólo a los funcionarios públicos, la ley quedó incluyendo a los directivos de las empresas privadas.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Esta fue una de las primeras leyes que sí avanzó, la misma ordenó a los congresistas a que informen a sus electores la actividad legislativa que han cumplido.

En opinión de Juanita Goebertus, representante de la Alianza Verde, otra de las promotoras de ese paquete de leyes, “denunciamos que el proyecto aprobado elimina el deber de publicar el voto, la agenda y las partidas presupuestales gestionadas por los congresistas”.

PLIEGOS TIPO

Este fue uno de los proyectos que más discusión se le dio a lo largo del año, al punto que estuvo por hundirse en la Cámara, por ahora la ley debe esperar a las sesiones de marzo para votar la conciliación en ambas corporaciones.

La representante Goebertus sostuvo que “logramos la aprobación en último debate de la Cámara de un proyecto que garantiza que no haya ni pliegos sastre a la medida del contratista, ni pliegos hechos desde Bogotá sin enfoque territorial”.

Una voz más que destacó el proyecto fue la del senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien sostuvo que “lo que se busca es evitar esas licitaciones acomodadas, lo que se ha denominado los pliegos sastre en las contrataciones públicas”.

La posibilidad de centralizar la asignación de los contratos en Bogotá fue uno de los temas de controversia. El representante Wills es de la idea de que gobernaciones y alcaldías participen en el diseño de los planes, mientras que el senador Ramírez manifiesta que esa labor debe recaer completa en la entidad estatal de Colombia Compra Eficiente.

RENTA PÚBLICA

Al cierre de la legislatura pasó otro proyecto clave, el que obliga a los congresistas a hacer públicas sus declaraciones de renta, como también sus conflictos de intereses.

El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, sostuvo que “se aprobó que los congresistas y otros funcionarios del Estado hagan públicas sus declaraciones de renta y los conflictos de intereses”.

Las críticas a cómo salió la ley, que está pendiente de la sanción, es que los congresistas no se tendrán que declarar impedidos en temas de beneficiar a familiares como primos, tíos y a los mismos financiadores.

Lo cierto es que son varios los dueños que le han salido a estos proyectos, pero los mismos empezarán, con el tiempo, a cumplir uno de los mayores reclamos de los ciudadanos, que los congresistas y los funcionarios públicos sean cada vez más transparentes.