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Con la derogación de la Ley de Financiamiento, trae desconfianza entre empresas y trabajadores samarios, asimismo, afecta la dinámica de inversión en la capital del Magdalena.
Por:
LAURA
BUJATO CUAO
El pasado miércoles fue derogada por la Corte Constitucional la Ley de Financiamiento con la que el Gobierno Nacional buscó enmendar el Presupuesto General de la Nacional del 2019, el cual se encuentra tasado en 25.6 billones de pesos para el gobierno actual.
Sin embargo, tras estudiar las demandas, el alto tribunal, consideró el pasado 16 de octubre que la normal era inconstitucional, es válido aclarar, que esta seguirá vigente hasta el 31 de diciembre del año en curso, lo que dejará cerca de dos meses y medio para que el Gobierno Nacional presente un plan B antes de finalizar el año, el cual empezaría a regir a partir del 2020.
Ante la nueva medida tomada por la Corte constitucional, la mayoría de los empresarios representes de algunos gremios samarios han expresado su preocupación, como es el caso de Angélica Silva, la directora ejecutiva de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Santa Marta, quien aseguró que declarar inconstitucional la Ley de Financiamiento trae incertidumbre y desconfianza en el sector comercial del Distrito y el Magdalena.
“Como consecuencia para cualquier empresario en el país la decisión de la Corte genera una inestabilidad fiscal y de una u otra manera el poder de atracción de inversiones ve a afectar la dinámica económica, especialmente ahora que estamos a fin de año y que ya se estaba viendo un muy sostenido crecimiento económico”, manifestó Silva.
A lo anterior, la directora ejecutiva de Fenalco Santa Marta agregó: “Esta situación solamente se podrá remediar en la medida en que el Gobierno Nacional presente una propuesta que puede ser una reforma a la Ley de Financiamiento o vuelva a presentarla tal como esta, con el animo de que se defina todo antes del 31 de diciembre, para que al primero de enero del 2020, el sector empresarial tenga claro las reglas del juego. Lo cierto es que esperamos que la reducción por ejemplo al impuesto de renta sea efectiva, que fue uno de los cambios que más valoro el sector comercial y empresarial de Santa Marta de esta Ley de Financiamiento”.
DE NO TENERSE UN PLAN B
Asimismo, de no tenerse un Plan B para subsanar el impacto que deja la derogación de la Ley de Financiamiento en el comercio samario, la medida traería graves consecuencias, así lo indicó Angélica Silva, la directora ejecutiva de Fenalco Santa Marta, “(…) porque se dejaría de fomentar la creación del empleo, lo que es un efecto que ya estamos percibiendo nosotros en la región de Santa Marta, es decir, de cómo ha aumentado el desempleo. Si no se contempla la reducción de algunos impuestos para las empresas o no se generan acciones concretas para fomentar el emprendimiento, difícilmente podemos solventar una crisis que se avecina”.
De acuerdo con la líder gremial, la manera de afrontar la grave crisis que se encuentra la vuelta de la esquina, es generando acciones para la sostenibilidad y el crecimiento económico. “El hecho de que el sector comercial no cuente con los estímulos suficientes para poder desarrollar su actividad de manera formal y organizada trae como consecuencia altos niveles de desempleo y de informalidad”, afirmó Silva.
Lo cierto es que la económica en el caso particularmente de Santa Marta, no está hoy en su mejor momento, lastimosamente la ciudad esta sufriendo las consecuencias de la permisividad que se ha dado desde la misma autoridad a la informalidad, esta es una realidad que no se puede desconocer y en la que se tiene que empezar a trabajar al respecto.
“Por eso es tan importante con esta situación que se presenta con la Ley de Financiamiento, que se tengan también acciones desde el gobierno local y regional, que ya se definirá a partir de este 27 de octubre como serán las condiciones para que el sector empresarial pueda generar más dinero, se genere calidad económica y para que se fomente la inversión en el Magdalena y Santa Marta que tanto lo necesitamos” expresó la líder gremial.
A NIVEL NACIONAL
Como preocupante calificó Fenalco a nivel nacional la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la Ley de Financiamiento. “Este nuevo panorama genera un ambiente de inseguridad jurídica y seguramente impactará de manera negativa la economía que empezaba a retomar el camino de crecimiento”, aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente del Gremio de los comerciantes.
“Lamentablemente la decisión de la Corte Constitucional llega en momentos en que el sector empresarial ya había asimilado el nuevo horizonte que fijaba la ley de Financiamiento, cambiar las reglas de juego en este momento no es una buena señal para la inversión extranjera”, agregó.
Sin embargo, afirmó que el hecho de que la Corte permitiera la vigencia de la ley de financiamiento hasta el fin de este año minimiza los posibles efectos que hubiera tenido una derogatoria inmediata.
“El empresariado colombiano da por descontado que la nueva propuesta incluirá iniciativas ya contempladas en la ley de Financiamiento, como la disminución del impuesto de renta a las empresas, la eliminación gradual de la renta presuntiva, la deducción del IVA a las compras de bienes de capital, la deducción parcial del ICA y la creación del Régimen Simple de Tributación, un avance sustancial para la micro, pequeña y mediana empresa y una herramienta efectiva para la formalización, que ya contaba con más de 9.000 personas naturales y jurídicas inscritas”, puntualizó.
Por último Cabal expresó que lamentablemente todas las energías de Gobierno y del Parlamento, así como toda la atención de empresarios y contribuyentes en general se concentrarán en los debates y en la aprobación de una nueva reforma tributaria precipitada por la decisión adoptada hoy por las altas cortes.
Es de anotar que la mayoría de los empresarios representados de algunos gremios, como la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi; la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi también han expresado su preocupación.
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, aseguró que muchos podrían suspender inversiones que habían hecho con la expectativa de obtener los beneficios contemplados en la ley, por ejemplo, a empresas del agro y de economía naranja. Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, teme que por una decisión negativa el país pierda un punto del Producto Interno Bruto es decir, unos 10 billones de pesos por año, y en materia de recaudo deje de recibir al menos 1,6 billones.
Es válido resaltar que se mantuvieron varios puntos controversiales como los beneficios tributarios a las empresas, el IVA plurifásico a las cervezas, a las plataformas de servicios de modelos para adultos por webcam, entre otros, la Corte decidió no declarar exequible varios puntos de la iniciativa.