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Apagados los reflectores que hacían ver en todo su horror la guerra con las Farc, los colombianos han comenzado a tomar consciencia sobre los múltiples problemas que los afectan, la mayoría desde hace décadas: la grave crisis de la justicia, el caos del sistema de salud, la deficiencia en la prestación de los servicios públicos, el colapso ambiental, la debacle humanitaria, el derrumbe de los partidos políticos, pero sobre todo, la hecatombe ética que sacude los cimientos de la democracia y amenaza el futuro con aventuras populistas o autoritarias.
Hay una crisis de confianza en las instituciones que se expresa en los bajos índices de aceptación de la opinión pública de las tres Ramas del Poder Público. Pasamos de ser el país más feliz del mundo a liderar los estándares de pesimismo, no solo por la ausencia de ética, sino por los altos niveles de inequidad y la falta de oportunidades. No se trata de una preocupación de las grandes ciudades, sino un debate que también hierve en los territorios. Cerrar la brecha entre la Colombia urbana y el país rural pasa por tener una mirada conjunta sobre el tamaño de la crisis y la forma de salir de ella.
Superar la crisis de la justicia exige un Pacto de Estado, que involucre a todos los actores. El Eje Cafetero tiene que ser protagonista de ese proceso.
Por supuesto el eje de las preocupaciones es el desmoronamiento ético del país. En los últimos meses la opinión pública se ha estremecido con lo sucedido en Cartagena, donde la ausencia de licencias de construcción, ocasionó el desplome de varias edificaciones, la muerte de 21 personas y heridas a muchas más. Detrás de ese fenómeno subyace un tema que se extiende como una mancha de aceite por todo el territorio nacional: la modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial, que involucra a autoridades locales, curadores, constructores, y afecta a los ciudadanos, pero también, y gravemente, al medio ambiente y la seguridad ciudadana.
La crisis del ordenamiento territorial no es un asunto menor. El desorden, la desarticulación interinstitucional y la corrupción amenazan la gobernanza y el futuro de la descentralización. Solo una cultura de la ética impedirá, que de un plumazo, se borre lo que costó tanto construir. La recentralización no es el camino en el diseño de una Colombia nueva en tiempos de pos acuerdos.
El país tiene que mirar con seriedad el diseño de una Política Pública Nacional de Ordenamiento Territorial, que permita construir una visión de una Colombia ordenada, que garantice los principios del Estado Social de Derecho, en la era de globalización y el fin del conflicto armado interno.
La Procuraduría permanece atenta a la reglamentación del Régimen Departamental y de las Entidades Territoriales Indígenas, ordenado por la Ley de Ordenamiento Territorial. Es urgente, además, actualizar los Planes de Ordenamiento Territorial. El 81% de estos instrumentos, correspondiente a 893 de 1102 municipios, no se encuentran actualizados.
Aunado a lo anterior, y pese a la obligación de elaborar los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, en Colombia solo han sido aprobados 7 de 92 priorizados. Estos Planes son instrumentos fundamentales para una aproximación ambientalmente sostenible al entorno.
Especial atención merece el compromiso de las autoridades locales, nacionales e internacionales con la defensa del Paisaje Cultural Cafetero, que es fuente de biodiversidad y riqueza hídrica. La Procuraduría celebra el pacto que firmarán próximamente los tres gobernadores del Eje Cafetero, en defensa de ese patrimonio reconocido por la Unesco. La transparencia y la ética en el manejo de esos recursos naturales deben ser un imperativo y un compromiso con las nuevas generaciones.
La apuesta de la Procuraduría es por el ordenamiento del territorio y los derechos ambientales. Preservar el Paisaje Cultural Cafetero y salvaguardar el territorio de las catástrofes naturales, son tareas que el Ministerio Público ha asumido con la Constitución en la mano. En esta Procuraduría sí nos tomamos en serio la defensa del medio ambiente.
*Procurador General de la Nación
Especial para HOY DIARIO DEL MAGDALENA