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La Contraloría General de la República abrió proceso fiscal por $1055 millones a la Gobernación de Sucre por el ‘Cartel de los enfermos mentales’. El exgobernador de ese departamento, Julio César Guerra Tulenma, tendría que responder con su propio patrimonio, de ser encontrado responsable fiscal.
De momento el exfuncionario deberá responde en versión libre si estuvo o no vinculado con los hechos. Así lo informó la Contraloría.
“‘El Cartel de los Enfermos Mentales’ se originó en pagos irregulares efectuados por la gobernación de Sucre, con recursos del Sistema General de Participaciones – SGP-, a favor de varias IPS, con base en documentación falsa y sin que se hubieran practicado a los supuestos pacientes los tratamientos que se estaban facturando”, dice el organismo de control en el informe.
El proceso se abrió por la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República, en el departamento de Sucre, específicamente por los pagos irregulares efectuados por la Gobernación, de 155 facturas a favor de diferentes IPS, en cuantía superior a los 1055 millones de pesos, indicó la Contraloría.
PAGOS IRREGULARES
De acuerdo a lo informado por el órgano de control, las irregularidades fueron detectadas en una auditoría efectuada a la gobernación de Sucre sobre la vigencia 2015. En el proceso se evidenciaron pagos irregulares a favor de las IPS Clínica de Salud Mental y Rehabilitación Integral Manatiales S.A.S; Clínica Santa Isabel Ltda, Fundación Libertad y Fe; Fundación Nuevo Ser; Fundación Sembrando Esperanzas, y la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S.
“El total de los pagos irregulares superó los 5 mil millones de pesos, basados en diagnósticos falsos en los que las IPS soportaron su facturación, órdenes de internación sin soporte, y múltiples irregularidades en las historias clínicas de los supuestos pacientes, que nunca existieron”, dice el documento expedido por la Contraloría.
En el caso de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S., el médico psiquiatra que figura firmando las historias clínicas de los supuestos pacientes, Gustavo Zambrano San Juan, manifestó no haber firmado ninguno de los documentos usados por la IPS para soportar sus facturas y que nunca había prestado sus servicios a esa entidad, por lo que su nombre había sido usado ilegalmente.
Los funcionarios de la Secretaría de Salud de Sucre continuaron avalando dichos cobros y expidiendo las resoluciones de pago que después fueron suscritas y pagadas por el mismo gobernador Julio César Guerra Tulena, agrega el informe.
CONTRATOS
Durante la auditoría la Contraloría también evidenció la inexistencia de contratos entre la Gobernación de Sucre y las IPS para soportar los millonarios pagos. Es decir, que la entidad territorial efectuó pagos sin que existiera soporte contractual. Según el informe, tampoco medió autorización del Ministerio de Salud para poder efectuar el pago a IPS privadas, ni existieron soportes que probaran la capacidad de las mismas para funcionar y prestar los supuestos servicios contratados.
Tomado de Colprensa.