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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años a Eduardo Noguera Dangond y Liliana Fernández de Castro Buenaventura, en sus calidades de registradores Especial de Ciénaga y Auxiliar Administrativo, por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Los dos funcionarios destituidos por la Oficina del Ministerio Público, también fueron inhabilitados durante 15 años para el desempeño de cargos públicos en cualquier región del país.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de 15 años a Eduardo Noguera Dangond, registrador Especial de Ciénaga, y a Liliana Fernández de Castro Buenaventura, Auxiliar Administrativo con asignación de funciones como Registradora Especial del mismo municipio, por irregularidades en la inscripción de trece registros civiles de nacimiento a ciudadanos extranjeros.
El ente de control comprobó que Noguera Dangond entre el 24 de junio y el 21 de octubre de 2016, emitió ocho registros civiles, y Fernández de Castro, cinco, entre el 23 de diciembre de 2015 y el 5 de noviembre del 2016, en las que fungió como registradora especial, con lo que incurrieron en el cargo de “falsedad ideológica en documento público”, lo que generó la anulación de los registros civiles cuestionados.
La Procuraduría también evidenció que Noguera Dangond y Fernández de Castro Buenaventura incurrieron en falta disciplinaria por “incumplir los deberes incluidos en los reglamentos”, por autorizar la inscripción de los registros civiles de los ciudadanos extranjeros, sin los requisitos de ley que deben cumplir los testigos declarantes, y sin la documentación requerida.
El Ministerio Público calificó la conducta de Noguera Dangond y Fernández de Castro como falta disciplinaria gravísima a título de dolo, debido a que los funcionarios actuaron con conocimiento y voluntad, al omitir las exigencias legales contempladas en la ley, afectando sustancialmente la fe pública, al poner en tela de juicio “la confianza y el respeto de la administración entre los miembros de la sociedad”.
LOS HECHOS
El pasado 20 de mayo de 2017, Eduardo Alberto Noguera Dangond, para la fecha Registrador de Ciénaga, se entregó a la Fiscalía sindicado de la elaboración irregular de más de 800 registros civiles de nacimiento que conllevó a la expedición de cédulas de ciudadanía de venezolanos y cubanos entre los años 2013, 2015 y 2016.
El 23 de mayo de 2017, ante el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de Ciénaga, se presentaron dos funcionarias de la Registraduría Municipal que tenían en su contra orden de captura, por su presunta participación en el carrusel de registros de nacimiento en que se expidió ilegalmente más de 800 de estos documentos entre los años 2013 y 2015, entre las que se encontraba Liliana Fernández De Castro.
Al parecer, esta funcionaria autorizó 466 registros irregulares aprovechando cuando fue encargada de la Registraduría, mientras el titular permanecía en vacaciones.