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El proyecto que le quitará facultades a la Procuraduría
En 2024, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, presentará al Congreso un proyecto de acto legislativo que le quitará a la Procuraduría y a la Contraloría funciones jurisdiccionales y su capacidad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular.
El texto pretende modificar algunos artículos de la Constitución relacionados con los entes de control. Uno de los artículos que busca incorporar establece que «el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control, no tendrán funciones jurisdiccionales y no podrán limitar los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y a ejercer cargos de elección popular».
El borrador, de unas cuarenta páginas contando exposición de motivos, señala que se busca cumplir a cabalidad «las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en materia de derechos políticos». La idea, en ese sentido, es acatar las órdenes de la sentencia de la Corte IDH en el caso Petro Urrego vs Colombia.
El articulado busca introducir dos cambios principales en las competencias de la Procuraduría. Por un lado, aunque se mantiene su carácter investigativo y sancionatorio para funcionarios públicos, se descartan de su jurisdicción disciplinaria a los escogidos popularmente, como alcaldes y congresistas.
Por otra parte, se mantiene la idea de que el Ministerio Público no sea interviniente en el proceso penal. Para ello, se otorgarán facultades excepcionales al Gobierno para poder garantizar estabilidad laboral a procuradores delegados y admitirlos en la rama judicial en cargos de fiscales o jueces.
El proyecto quiere «redefinir el marco constitucional de su función de intervención judicial para, entre otras, armonizarla con el sistema penal oral acusatorio y racionalizar los recursos públicos».
Aún no hay fecha de radicación oficial. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia le confirmaron a Colprensa que el borrador está en manos de las altas cortes, de la Fiscalía y de los propios entes de control. La finalidad es recibir observaciones al respecto, realizar mesas, establecer modificaciones y luego iniciar el trámite legislativo el próximo año.
