´No más subsidios para el servicio de energía´

Ante la situación por los aumentos en las tarifas de energía eléctrica en varios departamentos del país, la ministra de Minas, Irene Vélez, descartó nuevos subsidios para bajar los precios. 

En el congreso de Andesco en Cartagena, la Jede de Cartera habló sobre la propuesta de eliminar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CRCG) para crear un fondo con dineros públicos.

“Los fondos realmente no son una solución sino una carga fiscal para un estado que ya está empobrecido, que tiene una deuda muy grande. Cada año tenemos problemas para cubrir los subsidios a la energía. En ese contexto un fondo realmente no es una solución de fondo, estructural del problema estructural”, afirmó Vélez.

Agregó que «lo primero que buscamos es una solución a inmediato plazo para que las tarifas no sigan subiendo para luego establecer una a mediano plazo que sea un indicador específico para el sector eléctrico que analice las fuentes de generación de la energía y cómo se comporta e impacta en la cadena».

La ministra aseguró que el Gobierno estará escuchando todas las propuestas de sectores: “Nos reuniremos con representantes de los gobiernos locales, congresistas, miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, empresas prestadoras del servicio, usuarios finales y con miembros de las agremiaciones prestadoras del servicio”.

“Estamos en este momento decididos a que la solución surge a partir de un pacto por la justicia tarifaria, que tiene cinco actores aliados, los gobiernos locales y departamentales, con los que ya hemos comenzado reuniones, la CREG, el Ministerio de Hacienda y la Superservicios”, explicó.

AUMENTO DEL 43% 

Durante su intervención en el Congreso XXIV de Andesco en Cartagena, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, hizo énfasis en la actual coyuntura por el alza de las tarifas en la Costa Caribe.

Indicó que, en los últimos cinco semestres, las tarifas de la energía se han incrementado por el orden de 43 % para un usuario de estrato cuatro en Colombia, que no es ni contribuyente ni beneficiario de subsidios.

Sumó que Colombia que tiene desafíos distintos y no menos preocupantes. Actualmente, hay más de 500.000 familias que a nivel nacional que no tienen acceso a la energía. Situación en la que algunos departamentos presentan una mayor desventaja como son: Vichada y Vaupés que solo alcanzan una cobertura de 48% y 53%, respectivamente.

Aunque este número de familias corresponde solo a 3,7 % de los hogares colombianos, la ministra insistió que se trata de un desafío adicional, puesto que del total, 73 % de esos hogares se localizan en zonas no interconectadas y donde existen las mayores necesidades básicas no satisfechas.

«Los desafíos regionales requieren soluciones diferenciales. En este contexto nuestro compromiso es acelerar la transición energética justa y esto nos lleva a plantear cinco principios de transición energética y una hoja de ruta para generar una acción urgente que hemos llamado Pacto por la Justicia Tarifaria».

Explicó que el primer principio de la transición es la equidad. En este punto resaltó la importancia de democratizar la generación de la energía para buscar actores comunitarios y empresariales que también estén participando. Aunque sostuvo que esto implica desafíos regulatorios y técnicos, también dijo que ya los están asumiendo.

«Es necesario democratizar la cuestión de la energía, de manera que la distribución y la comercialización estén pensadas en los usuarios como un bien común y un derecho que debemos defender».

El segundo principio es la transición energética gradual y segura. En este punto resaltó que el interés del Gobierno Nacional es diversificar la matriz energética desde la soberanía y autosufienciencia. Para ello, agilizarán la entrada de nuevos proyectos renovables no convenciolañes, mientras se ajusta y agiliza la regulación con el apoyo de la Creg.

El tercer principio alude a la transición incluyente y participativa. Un ejemplo de ello, es el Pacto por la Justicia, que según explicó, no es más que «una participación vinculante con comunidades, sindicatos, empresas, agremiaciones y todos los actores del sector minero energético».

«La minería ahora tienen una gran demanda en relación con la transición energética a nivel global, lo que indica que hay nuevos minerales que son de interés y por lo tanto, debemos hacer una prospectiva diferente. Sin embargo, nos interesa saber que estamos conservando los ecosistemas estratégicos y que las comunidades pondrán ser respetadas».

Se evaluará la posibilidad de tener una interconexión latinoamericana para llevar a cabo el intercambio de minerales y que esto conduzca a una soberanía de esos minerales a nivel regional.

Seguido, también en el foco del nuevo Gobierno también está el tema de los encadenamientos productivos para transitar de una economía extractivista en minerales a una economía productiva «donde podamos hacer nuestros propios aerogeneradores y paneles solares, primero como prototipos y luego como industria nacional de energía», puntualizó Irene.

Sin embargo, reconoció que para hacerlos se requiere intensificar el conocimiento, que constituye el quinto principio de esta nueva hoja de ruta. «Eso lo haremos en los diferentes niveles: étnico, profesional, posgrados y en los centros de investigación».

«Nos hemos comprometido con la creación de un instituto de transición energética para asegurar que hay conocimiento para llegar a la industrialización del país, la cual queremos hacer desde las economía populares. es decir que vamos a incentivar las relaciones público-populares y privadas-populares para que los actores tengan y se sientas incluidos en sus territorios».

EL PACTO POR LA JUSTICIA TARIFARIA 

Es la hoja de ruta del sector que implica una serie de diálogos que arrancaron desde este 8 de septiembre y que entre los primeros resultados ya contempla la definición de un cronograma de trabajo, aprobado por los alcaldes y gobernadores del país.

«A partir de eso vamos a tener reuniones decisorias a los largo de los próximos ocho días. En este tiempo vamos a reunirnos con miembros del Congreso y con los generadores, que son cruciales en la solución que estamos proyectadoen articulación con el agente regulador que es la Creg».

La idea es que en una semana se pueda concretar una decisión y una solución inmediata que solo constituirá la primera fase de una solución en el mediano plazo donde «tenemos que pensarnos en un indicador específico para el sector eléctrico».

REDUCCIÓN PAULATINA 

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que ya iniciaron las reuniones con los diferentes actores involucrados en la generación de energía, para dar una solución de fondo al incremento de las tarifas que afecta especialmente a los usuarios de la Costa Caribe.

Según la ministra, las propuestas que han hecho varios gremios del sector ya están siendo analizadas y serán tenidas en cuenta para encontrar una pronta solución.

«Lanzaremos la metodología que se emplea para la construcción de la hoja de ruta en las siguientes semanas, que garantice el diálogo y la participación de las empresas, academia, gobierno, sindicatos y otras organizaciones sin ánimo de lucro», dijo la ministra.

Sin embargo, la viceministra de Belizza Ruiz aseguró que, si bien desde la cartera son conscientes de que esto está perjudicando la economía de los hogares, las tarifas se demorarán en bajar.

«Estamos buscando mancomunadamente elegir el mejor indicador que tenga un impacto menor en el aumento de tarifas, para empezar un proceso a la baja que será paulatino, no podemos esperar que abruptamente bajen los costos, este es un proceso que se dará de forma gradual», dijo.

Según el Ministerio de Minas, de los seis componentes que tiene la tarifa de energía, los que mayor inciden en su costo son: La generación (costo de la compra de energía) con un 36,3% y la distribución con el 32,7%. Le siguen comercialización con 13%,pérdidas con el 8,2% y finalmente el costo de la transmisión con el 6% y las restricciones con el 3,6%.

En el caso de la Costa Caribe, según esta cartera, «hay un elemento adicional que afecta la tarifa en mayor proporción que en el resto del país que son las pérdidas, que representan el 28% del costo de prestación».